Principales desafíos del Plan Independentista de Ibarretxe
Por Noelia Hernández Martín
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España23-07-2003
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, hizo público el pasado día 23 un borrador de lo que será su proyecto independentista vasco. El plan definitivo lo presentará en septiembre ante el Parlamento autonómico y posteriormente, siempre según las declaraciones de Ibarretxe, será sometido a referéndum popular.
El borrador consta de siete títulos. En el primero de ellos, se hace referencia al autogobierno vasco: "Las Instituciones de la Comunidad Libre Asociada ostentan la potestad para gestionar la realización de consultas democráticas a la ciudadanía por vía de referéndum". De esta forma, establece que si los ciudadanos se inclinan hacia la "segregación del Estado español" las "instituciones vascas y españolas" deberán establecer acuerdos para satisfacer los deseos populares. Respecto a los poderes que ostentará el País Vasco, además de mantener el Ejecutivo y el Legislativo, se sumaría el judicial. De esta forma, el máximo órgano será el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cuyas sentencias no serán revisables por el Supremo ni por el Constitucional. Según el borrador, le corresponde a la Comunidad Libre Asociada el desarrollo constitucional de los derechos y deberes fundamentales. También se hará cargo de las "relaciones de orden económico y financiero entre la Comunidad Libre Asociada y el Estado" y ostentará la potestad para establecer su propio sistema tributario. Respecto a las relaciones en el ámbito europeo e internacional, Ibarretxe pretende que su idílico Estado tenga una representación directa en los órganos de la Unión Europea y que ostenten la potestad de firmar acuerdos con instituciones y organismos internacionales en defensa de los intereses de sus ciudadanos. Asimismo, establece que el "régimen de relaciones entre la Comunidad Libre Asociada de Euskadi y el Estado español se sustente en los principios de la lealtad institucional recíproca". El articulado está planteado como un texto constitucional y puntualiza que el artículo 155, que establece la potestad del Gobierno para eliminar cualquier autonomía, no tiene por qué ser aplicado.