VENEZUELA
Chávez y la oposición confían en el referéndum del 2 de febrero
Por Vicente García Gandía
3 min
Internacional05-01-2003
Tras cinco semanas de huelga general, la oposición ha perdido el control de la industria petrolera y llama a la desobediencia civil y tributaria. El pueblo tiene la última palabra en el referéndum del próximo 2 de febrero.
El pasado 2 de diciembre comenzaba una nueva etapa para Venezuela. Sin duda, el transcurso de la huelga general indefinida decretada entonces por la oposición recordó a muchos otra huelga general que en 1958 provocó la caída y el exilio del entonces dictador Marcos Pérez Jiménez. A pesar de las cotas de violencia que se registraron la semana pasada por todo el país y, en especial, en la capital caraqueña, el presidente venezolano negaba de manera rotunda el desenlace de una guerra civil porque: "si hubiese condiciones (para el conflicto), ya estaríamos en guerra". Insistía Chávez en que lo que vive su país no tiene nada que ver con una huelga sino que se trata de "un golpe de Estado disfrazado" protagonizado por una oposición "corrupta". Poco más de un mes después del decreto de la huelga indefinida en todo el país, los jubilados, parados y trabajadores oficialistas se encargan de sacar de la crisis a la industria petrolera del quinto exportador mundial de crudo una vez que la oposición ha perdido el control de PDVSA. Por el momento, todavía son necesarias las importaciones desde Brasil, Curazao y Trinidad y Tobago pero Chávez confía en una recuperación total de la actividad en menos de 45 días. Frente a este pronóstico, la oposición eleva sin embargo este periodo de recuperación a cerca de cuatro meses. En palabras del diputado oficialista Rodrigo Cabezas el paro de la mayor industria nacional "supondrá un impacto fiscal importante". En cualquier caso son muchos los que confían en el referéndum revocatorio del próximo 2 de febrero. Una consulta dictada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la solicitud presentada y rubricada por dos millones de venezolanos y que se enfrenta al recurso de amparo presentado por tres diputados del Movimiento V República (MVR) ante el Supremo venezolano por suponer, en su opinión, una intimidación a los ciudadanos que desde 1998 han mostrado su apoyo a Chávez a través de las urnas. Por el momento, el Ejecutivo ya se ha adelantado y ha anunciado que hasta que el Tribunal Supremo no decida sobre la constitucionalidad de esta cita con las urnas no se comprometerá en la financiación de la misma. Chávez declaraba la semana pasada: "no tenemos dinero para pagar los salarios y no vamos a sufragar un referéndum que aún no sabemos si es legal. Y, aunque lo fuera, no es vinculante". En este sentido, el CNE ha apuntado a la posibilidad de pedir al sector privado fondos necesarios para que se lleve a cabo todo el proceso electoral. Lo que sigue siendo una incógnita es la fecha de la marcha sobre el Palacio de Miraflores. Mientras que la Coordinadora Democrática asegura que serán casi tres millones de venezolanos los que se sumen a la multitudinaria manifestación, todo apunta a que la "megamarcha" puede tener lugar o el 23 de enero, fecha en la que cayó el dictador Marcos Pérez Jiménez, o bien el 2 de febrero, coincidiendo con la celebración del referéndum. Sea como fuere, la huelga y el paro han sido una realidad y se han dejado sentir en la economía del país. Así, el Banco Central de Venezuela anunciaba la semana pasada la subida de la inflación hasta un 31,2 por ciento y la caída del 6,4 por ciento del PIB. En Venezuela, la Nochevieja y la entrada en 2003 se vivió entre la fiesta de los chavistas frente a la sede de PDVSA y la concentración convocada en la principal autopista caraqueña como "ensayo" para una futurible marcha sobre Miraflores.





