Cataluña

El independentismo presenta su Ley de Transitoriedad

Por Javier Álvarez Lago6 min

España28-08-2017

Tras cierta imagen de unidad y cooperación mostrada entre las autoridades españolas y la Generalitat tras los atentados de Cataluña, el independentismo reanuda su plan de acción presentando en el Parlament la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República de Cataluña. Esta ley, que previsiblemente será votada a principios de septiembre en la Cámara, pretende ser la máxima del ordenamiento jurídico catalán hasta que se elabore una futura Constitución catalana.

Esta ley cuenta con 89 articulos y tres disposiciones finales. Al principio de su texto alude a que, "aunque la configuración definitiva del nuevo Estado corresponde a la Constitución que debe elaborar la Asamblea Constituyente y ratificar la ciudadanía", tras la celebración del referéndum del 1 de octubre Cataluña se encontrará en una situación absolutamente novedosa, por lo que el texto afirma que "es imprescindible" tener esta ley para evitar tanto que se produzcan "vacíos legales" como para vigilar que "la transición se hará de manera ordenada y gradual y con plena seguridad jurídica". Así, "mientras no sea aprobada la Constitución de la República, la presente Ley es la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán".

Pese al plan de ruptura para con las instituciones españolas, si que se ve cierto afán continuista en lo esencial con respecto al marco español. Así, por ejemplo, se habla de que sólo se modificarán o anularán aquellas normas del derecho vigente que contravengan netamente esta nueva ley, así como se reafirma la "voluntad" de "pactar y negociar" con el Estado Español la salida de Cataluña de su seno, algo que esta ley no contempla para el caso europeo, ya que afirma que respetará todas las normas derivadas de la Unión Europa, ya que el independentismo pretende seguir perteneciendo a Europa una vez haya conseguido salirse de España.

El texto, de forma provisional, "constituye" a Cataluña como una República democrática y social de Derecho, atribuyendo la soberanía nacional al pueblo de Cataluña. A este respecto, cabe destacar que el texto reconoce como catalanes, entre otros, a los nacidos en la región, a sus hijos y a aquellos que lleven residiendo más de un año allí y soliciten la nacionalidad. También contempla la doble nacional (catalana y española), si bien reconoce que para esto necesita que el Estado español permita esta opción. Asimismo, "la atribución de la nacionalidad catalana no exige la renuncia de la nacionalidad española ni de cualquier otra".

A su vez, se pretender llevar a cabo grandes trasvases de funciones y competencias desde el Estado español a instituciones catalanas. Así, el Parlament de Cataluña pasaría a ser el depositario del poder legislativo de la nueva nación, mientras que el ejecutivo sería la actual Generalitat. El tercer gran poder del Estado, el judicial, también sufriría enormes cambios, siendo el más relevante el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convierta en el Tribunal Supremo de Cataluña, mientras que se creará una Sala Superior de Garantías que hará las funciones de Tribunal Constitucional. Por otra parte, "el Estado catalán sucede el Reino de España en los derechos y obligaciones de carácter económico y financiero", así como en otras materias como puede ser el control aduanero o en la elaboración del censo electoral.

Entre otras cuestiones, esta ley también regula el proceso constituyente catalán, el cual divide en tres fases. La primera estaría presidida principalmente por la celebración del referéndum del 1 de octubre. Una vez celebrado este, si el electorado catalán se decanta por la independencia, se pasará a la creación de un Foro Social Constituyente, el cual articulará "los principios y cuestiones generales de la futura Constitución, mediante procesos de participación ciudadana". Después de ello, tras la convocatoria de elecciones constituyentes, la así formada Asamblea Constituyente pasará a redactar una Constitución catalana; que, por último, deberá ser ratificada por la ciudadanía a través de un nuevo referéndum, tras el cual ya se podría formar un Gobierno completamente separado de España.

Por último, cabe destacar que, por lo tanto, esta ley tendría validez desde el 1 de octubre hasta la ratificación de una nueva Constitución. Mientras tanto, "se garantizan como derechos fundamentales los derechos reconocidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña". Sin embargo, es importante recordar, como este mismo texto hace, que todo esto sólo ocurrirá (y si eso) si el Sí a la independencia es la opción más votada el 1 de octubre. Y es que si gana el No el texto recoge la obligación inmediata de convocar elecciones autonómicas.

Según Lluis Corominas, presidente de JxSí en el Parlament de Cataluña, lo que esta ley hace es dar a conocer a los catalanes qué efectos tendrá su voto el día 1 de octubre, así como qué pasará inmediatamente después hasta la redacción de una nueva Constitución. Sin embargo, Corominas, como tampoco hace el texto, no ha matizado cuanto durará esta transición, ni tampoco cuándo se presentará para su votación en el Parlament, si bien todo apunta a que será discutida en la Cámara a principios de septiembre, a tan solo un mes del referéndum, si es que este tiene lugar.

Por su parte, desde la CUP se afirma, tal y como ha hecho Benet Salellas, que esta ley es una "interpelación a la votación" que pretende dejar claro que el resultado que salga el 1 de octubre es absolutamente "vinculante". Por ello, con ella también se pretende "dinamitar cualquier posible intento procesionista de abrir nuevos debates después de que el sí gane en el referéndum" ya que entonces "el escenario está determinado, fijado y es absolutamente vinculante".

Por otra parte, el grueso de la oposición ya ha condenado este texto. Por ejemplo, tanto Xavier García Albiol, líder del PP catalán, como Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, han coincidido al afirmar en rueda de prensa que la presentación de esta ley responde a la necesidad de tapar el bochornoso comportamiento de una minoría independentista en la reciente manifestación contra el terrorismo en Barcelona. Sin embargo, mientras que a Arrimadas le parece "una buena noticia" el que "ya se empiece a hablar de elecciones", Albiol ha querido destacar que el ejecutivo que comanda Mariano Rajoy nunca permitirá que esta ley llegue a entrar en vigor. Para ello, si bien lo considera una medida "extrema", el líder de los populares en Cataluña no descarta la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que posibilita la suspensión de la autonómica de una región.

Por último, tal y como ha comunicado el socialista Óscar Puente, el PSOE considera que esta ley es "un engaño más" del independentismo, por lo que el partido se "opone frontalmente" a la misma. Asimismo, Puente ha destacado que el PSOE ve compatibles la defensa de la legalidad y el dialogo. A este respecto Rajoy y Sánchez han mantenido hoy una conversación telefónica, donde ambos, tal y como ha dicho Puente,"se han comprometido a mantener una comunicación fluida para instrumentalizar una posición conjunta de respuesta a este desafío del soberanismo catalán".