Cultura
La Policia Nacional registra la sede de la SGAE en Madrid
Por Javier Álvarez Lago
2 min
Economía20-06-2017
El entramado, tal y como aparece en la página web de la Policía Nacional, creaba música de "baja calidad" (o bien modificaba ligeramente canciones de dominio público para publicarlas como nuevas) para posteriormente venderla a las televisiones de cara a que estas la emitiesen en sus cadenas y pagasen por ello los derechos de autor, que retornaban periódicamente a la SGAE. Entre medias de esto, autores, editores y responsables de programas televisivos se hacían con parte de estos derechos para obtener beneficios, en perjuicio de los demás creadores.
Por lo tanto, la Policía Nacional considera como delito (bajo el cargo de corrupción entre particulares) el que estos individuos formalizasen "contratos de cesión de derechos con intermediarios de varias cadenas de televisión perjudicando gravemente al resto de autores". Y es que o bien se daba a los responsables de las cadenas una contraprestación económica por sus servicios o bien se les hacía partícipes de un porcentaje de los derechos de propiedad intelectual de estas canciones, por lo que tenían claros incentivos económicos a la hora de elegir estas obras antes que a otras sobre las que no tuvieran poder o interés personal alguno.
Según la Policía, "esta práctica perjudica gravemente al resto de autores, ya que no pueden acceder a emitir su música sin prestarse a la cesión de derechos de sus obras". Asimismo, además de emitir esta música durante la madrugada (la franja horaria donde la televisión es menos vista), al parecer también se servían de la llamada "música inaudible" para cobrar estos ingresos. Conviene remarcar que este método consiste en declarar que se ha emitido cierta música durante un programa cuando, sin embargo, esta es imperceptible para el espectador.
Tras la operación, la SGAE ha emitido un comunicado en su página web en la que afirma estar a plena disposición de la Justicia. Asimismo, la organización ha querido remarcar que "la investigación no afecta a la SGAE como sociedad sino a algunos de sus asociados entre los más de 120.000 que forman parte de ella, así como a un ex-trabajador" y que los hechos investigados se habrían cometido presuntamente entre 2006 y 2011.
Decida lo que decida la Justicia, el caso es que el nombre de la SGAE vuelve a mancharse en otro caso de corrupción tras que en 2011 la Guardia Civil detuviera al presidente de la misma en ese momento, Teddy Bautista, y al director de la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae), Luis Rodríguez Neri, por haber desviado presuntamente fondos a empresas privadas de forma ilicita. En esta ocasión, el proceso acabó con la dimisión de Bautista al frente de la SGAE y con la supresión del llamado canon digital.