OPERACIÓN LEZO
Prisión para González mientras la Audiencia investiga a Zaplana
Por Luis Artola
6 min
España24-04-2017
Los detenidos en la operación Lezo, investigación anticorrupción, el pasado 19 de abril, pasaron a disposición judicial. El viernes ingresaba en prisión sin fianza el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, considerado principal beneficiario de la trama. Además Edmundo Rodríguez-Sobrino, presunto responsable de la operación por la compra ilegal de Emissao, tampoco podrá eludir la cárcel. El juez investiga a otras 60 personas, entre ellas Eduardo Zaplana tras la escucha de conversaciones con González en las que éste le proponía crear estructuras financieras para el blanqueo de dinero.
La operación Lezo contra la corrupción prosigue tras la detención, el pasado 19 de abril, del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto a otras once personas, entre ellas, su hermano y cuñado. Esta operación iniciada en 2015 y coordinada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga la organización de un entramado en el que durante el período desde 2003 a 2012, época en la que González era presidente del Canal Isabel II, se produjeron presuntamente operaciones ilícitas de desvío de dinero público a paraísos fiscales así como el cobro de comisiones en relación con la concesión de contratos.
Su modo de actuación se basaba en la compra de empresas, la mayoría ubicadas en Sudamérica, de mucho menor valor que el que pagaban a través de esta trama, con la intención de encubrir esos pagos. En una de las sociedades, Emissao, una filial sudamericana del Canal de Isabel II, se pagaron más de 20 millones de euros, cuyo valor descendió a 10 millones en solo un mes y al año su precio era cuatro veces menor que el de su compra. Uno de los responsables, Edmundo Rodríguez, actuaba como intermediario de las operaciones mediante el ingreso de dichos pagos desde Miami.
Después del registro de numerosas sedes de la supuesta red corrupta y la declaración judicial del expresidente de la Comunidad madrileña, el magistrado encargado de la investigación, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ordenaba el pasado viernes el ingreso en prisión sin fianza de Ignacio González. En su discurso, que duró unas tres horas, negó haberse beneficiado ni dirigido la trama investigada, argumentos que no convencieron al juez Velasco. El magistrado estableció su ingreso inmediato en la cárcel madrileña de Soto del Real.
González quien reiteró la legalidad de todas sus actuaciones tampoco convenció a los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García, quienes de acuerdo con el juez, estipularon su encarcelamiento sin fianza. Dichos juristas de la Fiscalía Anticorrupción consideran que Ignacio González no solo era el presunto jefe de la red sino que fue uno de los principales beneficiarios del desvío de fondos. Como se conoció en su detención, los delitos que se le imputan son, entre otros, de organización criminal, prevaricación, blanqueo, fraude, falsificación documental.
Además, la investigación alude a la compra por el Canal de Isabel II, en 2001, de la empresa Inassa, filial latinoamericana, con un precio sobreestimado de 70 millones de euros respecto a su valor, muy inferior, de unos 30 millones. El juez vería indicios de "compra fraudulenta y supuesta malversación", conocida por González tras adquirir su cargo de vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Asimismo el auto señala que Ignacio González en 2007 intercedió para la aprobación a su hermano del proyecto de construcción de dos campos de golf en Chamberí, justificado por ser "obras de interés general". De igual manera, junto a su hermano y a su esposa, Lourdes Cavero, montaron varios negocios con parte del dinero oculto, como una empresa de gestión de guardias y formaron parte accionista de Auditel.
En cuanto a su mano derecha en las distintas operaciones en Sudamérica y expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, también se ordenaba prisión incondicional comunicada. En el auto judicial se estima que, además de su participación en el desvío de 25 millones por la trama liderada por González, Rodríguez era poseedor de un patrimonio oculto en el extranjero, que regularizó acogiéndose a la amnistía fiscal, dinero que el juez Velasco considera "de origen desconocido". Sin embargo, llama la atención en el auto del juez que éste llevara operaciones en Inglaterra cuando no era poseedor de productos financieros en dicho país. Asimismo en el escrito se considera que Rodríguez-Sobrino cobró comisiones en Panamá, Haití, Colombia y República Dominicana y habría sido "conocedor y partícipe" de prácticas corruptas como el pago de sobornos a funcionarios de estos países.
Para el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Pablo González, el magistrado del juzgado de instrucción número 6, ha acordado prisión eludible con fianza de 4 millones de euros. El marido de la hermana de ambos, Juan José Caballero, no irá a prisión si deposita una fianza de 100,000 euros. Los dos se negaron a declarar ante el juez. Esta misma cantidad deberá ser la aportada por José Martínez Nicolás, exdirector de la Agencia de Informática de Madrid (ICM).
El juez considera que parte de la supuesta financiación ilegal del PP madrileño se produjo a través del antiguo consejero delegado del ICM entre 2007 y 2014 a quien en 2012 González solicitó hasta un millón de euros procedente de dicho organismo público dependiente de la Comunidad, en la época previa a su cargo en la presidencia madrileña. Para ello, se estima tras la declaración de Silvano Corujo, quien fuera subdirector general de ICM, que pudo producirse el desvío de dinero público mediante contrataciones de este organismo "infladas" con Indra "uno de los principales contratistas de IMC" y PwC.
Esta afirmación se reforzaría en el auto con documentos probatorios de desvío de unos 700,000 euros en 2012 y 2013 desde Indra a diversas empresas que trabajaban para el PP. El juez añade que dichos contratos se hicieron "a través de determinados entramados de empresas pantalla, siendo el destino final de los fondos empresas proveedoras del PP".
El auto judicial señala además que Martínez-Nicolás quien "ha estado vinculado gran parte de su vida laboral a diferentes administraciones públicas" poseía una cantidad mayor del millón de euros en Liechtenstein, con origen desconocido, a través de cuya cuenta se realizaron transferencias a otras situadas en Suiza y Panamá en posible relación con operaciones de "compensación de fondos o de envío informal de dinero".
El juez Velasco también decretó ingreso en prisión eludible con fianza de cuatro millones de euros a la exdirectora financiera del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond, en contra de la petición del fiscal de prisión incondicional y, de 100,000 euros al exgerente, Adrían Martín. Ambos estarían vinculados a la compra ilícita de Emissao, la empresa brasileña dependiente del Canal de Isabel II. Clarisa Guerra, quien fuera secretaria de Edmundo Rodríguez quedó en libertad tras su declaración aunque deberá acudir al juzgado una vez al mes.
En las últimas horas se ha conocido que el titular del juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha solicitado información de 60 personas, entre los que se encuentra Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo durante el mandato de José María Aznar y el empresario Juan Miguel Villar Mir, expresidente de la constructora OHL, ante el posible vínculo en la Operación Lezo.
Velasco señala que González propuso a Zaplana la creación de una estructura financiera con el fin de dirigir diversas operaciones y blanquear dinero oculto. Asimismo cree que ambos constituyeron al 50% una sociedad a través de un abogado uruguayo que también actuaría en la creación de estructuras financieras en Holanda, EEUU o Uruguay. No obstante, el exministro Zaplana ha negado, a través de un comunicado, su participación mercantil con González así como el haber estado relacionado en la comisión de ningún acto delictivo. Además, concluye que no ha sido citado por el juez de la Audiencia Nacional.
Se ha conocido la intención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de que la autonomía se persone como acusación particular en la Operación Lezo, ante la posibilidad de perjuicio de parte de los organismos de la comunidad por las diversas actuaciones irregulares de la trama.