LATINOAMÉRICA
El Supremo de Venezuela asumirá las competencias del Parlamento
Por Luis Artola
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Internacional30-03-2017
La resolución emitida este miércoles por el TSJ de Venezuela declara que la Asamblea Nacional delegará al Alto Tribunal las funciones de capacidad de modificación de las decisiones del Gobierno de Maduro. Expone que la actuación de desacato en la que persiste la cámara traslada sus competencias al TSJ tras aprobar la facultad del Ejecutivo de constituir empresas mixtas sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha informado este miércoles que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional de forma completa. Esta última, controlada por la oposición que constituye la Mesa de Unidad Nacional verá así restringidas sus funciones dado que, según ha explicado el TS, éste considera que dicha cámara de carácter legislativo continúa actuando en "desacato" por el incumplimiento de varias sentencias que impuso el Supremo al Parlamento.
Según esto, el TSJ establece en este informe que la cámara únicamente tendrá como función la de trasladar a la corte las decisiones del Ejecutivo de Nicolás Maduro, pero no tendrá la capacidad de modificar las decisiones emitidas por éste. Esta sentencia llega después de la admisión a trámite de un recurso emitido por el Gobierno de Maduro en el que se determinaba la capacidad de su Ejecutivo para constituir empresas mixtas sin necesidad del beneplácito de la Asamblea Nacional.
El fallo del Alto Tribunal, controlado por el régimen chavista, establece su decisión justificada por la "urgencia" de la materia en cuestión y para ello expone la llamada Omisión Inconstitucional Parlamentaria. Esta última en base a la aplicación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos declara que "no existe impedimento alguno" para la creación de empresas mixtas por el Gobierno de la República Bolivariana y que éste deberá informar al Supremo "de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República".
Como consecuencia de ello, la sentencia no admite la competencia de la Asamblea Nacional y que, por tanto, "no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones" en el asunto descrito. Justifica, pues, que la actuación hasta el momento de desobediencia conllevará que las competencias parlamentarias vayan a ser asumidas por la Sala Constitucional o por el órgano que la misma disponga, "para velar por el Estado de Derecho" según la sentencia 156 con la que ha concluido el informe.
La consecuencia más inmediata a la emisión de la sentencia por el TS será la limitación de la autoridad de la cámara y la restricción de la inmunidad de la que hasta ahora gozaban los diputados del Parlamento. Esta decisión tomada bajo sentencia permite al presidente de Venezuela, Nicolás Madura a ejercer las acciones "que estime pertinentes para salvaguardar el orden constitucional" así como la potestad para tomar las medidas oportunas "para evitar un estado de conmoción".
Algunas de las medidas legislativas para las que se anulaba la capacidad de la Asamblea Nacional ya habían sido previamente asumidas por el Ejecutivo. De hecho, hace una semana el TSJ había anulado la legislación aprobada por la cámara sobre la "Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos" al considerarla inconstitucional. Para ello "ordena" a Maduro que inspeccione la actuación de otras organizaciones internacionales que procedan de forma similar.
El TSJ de Venezuela admite asimismo que dado el estado de excepción en el que se encuentra el país, es decir, la situación extrema de Venezuela, regulado por el artículo 337 de la Constitución Política, se asegure la facultad de actuación del Gobierno para revisar aquellas leyes "que permitan conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país".
La decisión del TSJ supone una nueva merma a la cámara de diputados y amplía la capacidad del presidente Maduro para enjuiciar a éstos por delitos militares. Sin embargo, Diosdado Cabello, mano derecha del presidente se ha mostrado entusiasta ante la sentencia del Supremo y advierte que sea acatada por los diputados opositores.