ESTIBADORES
El Congreso dice "no" a la reforma del sector de la estiba
Por Luis Artola
3 min
Economía16-03-2017
El Gobierno ha sufrido su primera gran derrota parlamentaria. El motivo ha sido la no aprobación por parte de la Cámara Baja del decreto ley 4/2017 en el que se regula la reforma del sector de la estiba. La liberalización de los estibadores perseguía acometer la normativa europea. El rechazo histórico del Congreso de los Diputados ha sido recibido por los estibadores con gran entusiasmo mientras el Ejecutivo lamenta una decisión que hará pagar a España una sanción por parte de la Unión Europea.
La noticia política de la mañana de este jueves ha sido la derrota del Gobierno en su puja con el sector de la estiba portuaria. La intención del ejecutivo a través del ministerio de Fomento de aprobar el real decreto ley 4/2017 para reformar la liberalización de los estibadores ha sido llevada esta mañana al Congreso de los Diputados. El resultado ha supuesto un importante varapalo parlamentario.
En el Pleno del Parlamento ha sido rechazado el decreto tras el registro de 175 votos en contra, pertenecientes a los grupos parlamentarios PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), PDeCAT, Compromís, EH Bildu y Coalición Canaria (CC). Además acusan al Gobierno de no haber favorecido las negociaciones. Frente a ellos, se han sumado 142 votos a favor del decreto propuesto por el Gobierno, en los que se han adherido al PP el PNV, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias.
Las abstenciones han venido por parte de Ciudadanos, con un total de 32 votos, al que se suma el voto de Íñigo Errejón, de Podemos, por error y que ya ha aclarado en su cuenta de Twitter. La derogación del real decreto ley que comprometía a la liberalización de los trabajadores de la estiba supone una derrota histórica, convirtiéndose desde el inicio de la Democracia en la tercera regulación legislativa no aprobada tras trasladarse a votación por la Cámara Baja.
El decreto ley en cuestión perseguía el cumplimiento de la normativa postulada por la Unión Europea. En ella el objetivo primordial era la liberalización del sector de la estiba, aquéllos encargados de la carga y descarga portuaria. La reforma para adaptarse a la legislación europea afectaría a unos 6.500 trabajadores. La liberalización supondría la bajada de salarios, despidos y en dicha reforma se advertía un plazo de tres años para la desaparición de la "Sagep", sociedad de la que depende el colectivo. El decreto ley, que ya estaba publicado en el BOE y, por tanto, considerado precepto en vigor, deberá anularse tras su trascendental derogación. Su invalidación, por tanto, podría llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a sancionar a España por contravenir la legislación europea.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 24 de febrero el decreto ley aunque no logró convencer a la patronal y sindicatos del sector de la estiba. Por esto, finalmente ha requerido someterse a la aprobación parlamentaria sin éxito. Previamente los distintos grupos políticos advirtieron de su apoyo a la reforma si ésta conseguía la aprobación del sector implicado. Tras el rechazo a la reforma del sector portuario, ha comparecido Íñigo de la Serna, ministro de Fomento.
En su discurso ha criticado la falta de iniciativa de los demás grupos parlamentarios para poder llegar a un acuerdo satisfactorio. Esto le ha llevado a afirmar tajante que “no se trataba de modificar el decreto ley, sino de evitar que el Gobierno pudiese aprobarlo”. Ha lamentado además que la probable multa por incumplimiento de la sentencia europea deba ser abonada en parte por los ciudadanos que no han participado en la decisión de no convalidar el decreto ley. Asimismo se ha referido a Ciudadanos y su abstención afirmando decepcionado que "los que estamos aquí tenemos que asumir nuestras responsabilidades".
Sin embargo, ha mostrado la iniciativa y disponibilidad del Gobierno a sentarse con los sindicatos de los estibadores en distintas reuniones y ha valorado la interesante propuesta que se puso sobre la mesa que cumplía con las exigencias europeas y, a la vez, permitía garantizar el empleo. De la Serna, no obstante, no se rinde y ha insistido en la posibilidad de que en la reunión prevista para el próximo martes con los sindicatos y patronal se llegue a un acuerdo para aprobar la propuesta del Gobierno y así "poder tener el tiempo suficiente para aprobar el decreto ley".