Informe Anual
El Defensor del Pueblo manda 13 recomendaciones para mejorar
Por Silvia Marin Martín 
3 min
Sociedad28-02-2017
El nuevo informe del Defensor del Pueblo, muestra los problemas que tiene la Justicia española para poder agilizar informes importantes para determinar casos en donde el tiempo corre en su contra. En algunos juzgados llevan tal retraso que los informes tienen 19 meses de demora. La institución ha reflejado la preocupación de estos casos y ha pedido que se aceleren los casos, creen que la falta de medios ha creado este atasco en los casos. Los procesos familiares son los que más se han denunciado.
La nueva publicación del informe del Defensor del Pueblo del año 2016 ha mostrado que la mayoría de las reclamaciones que han llegado en materia de Justicia tienen como materia general los procedimientos de familia, sobre todo por el sobrecarga de trabajo que tienen muchos equipos psicosociales, como es el caso de uno de Madrid en que se hay una demora de 19 meses para poder realizar un informe.
La institución ha puesto esta situación como ejemplo, para avisar de las demoras indebidas que se han manifestado en el funcionamiento de la jurisdicción civil, como caso singular se encuentra el de los casos de temas familiares que, como menciona, “tienen un importante impacto emocional en la vida de las personas, y más aún, si hay menores de edad".
"No son aceptables demoras de dos años para la celebración de una vista en Madrid o tres años en Sevilla", avisa el Defensor del Pueblo que remarca que todavía hay retrasos en los informes de los lugares donde se tienen que encontrar las familias, unas zonas donde los padres de menores que no tienen la custodia pueden visitar a sus hijos.
La memoria de este año cree que las demoras incorrectas son debido a la falta de los medios personales y materiales en la Justicia, sí que es cierto que las denuncias por este asunto han bajado de 176 a 141 en un año, lo que significa que hay una clara tendencia a la baja.
Asimismo hubo menos reclamaciones sobre la actividad de los turnos de oficio (de 50 a 39), de los colegios de abogados (de 52 a 26) y sobre sentencias o procedimientos judiciales (de 700 a 497), es algunos de los motivos por los que se felicita a la institución puesto que no tiene competencia para poder proceder ante resoluciones judiciales.
La institución ha tenido que finalizar el 2016 para poder proponer nuevas sugerencias sobre la ampliación de nuevos juzgados, puesto que la situación que tenía España con un Gobierno en funciones no permitía que se pudiera hacer. Ha expuesto cuatro nuevas sugerencias en materia de familia al Ministerio de Justicia y a las comunidades autonómicas para poder incluir protocolos y elementos objetivos para que las actuaciones de los equipos pueda mejorar.
El suceso de Valdemoro es un modelo de los muchos problemas que tiene el sistema: el grupo psicosocial al que está adscrito al Juzgado de Instrucción número 2 de esta población de Madrid tiene un retraso de 19 meses en un parte porque se encontraba esperando la documentación solicitada al punto de encuentro familiar.
El gran número de familias de este punto de encuentro, que está subordinado por el Ayuntamiento de Madrid, es tanto que tiene una lista de espera que tarda de cinco y seis meses. En el año 2016, se ocupó de 195 personas y tenía a diez en lista de espera.
El informe ha acumulado otros casos. Un Juzgado de Torrejón de Ardoz (Madrid) suprimió un juicio por la necesidad que tenia del informe psicosocial y no estaba en el juicio, llevaba un año y medio de retraso. Asimismo lamenta el informe que no haya maneras prioritarias para menores que tienen algún tipo de discapacidad en algunos temas que tienen en trámite pruebas periciales.
Por esto, el juzgado de Primera Instancia número 1 de Cieza (Murcia) tenía dos años de demoras en un examen que era totalmente imprescindible para poder decretar la guardia y custodia de un menor que padece un trastorno de espectro autista. El caso se puso en manos de la Fiscalía General del Estado.
El Defensor del Pueblo ha descubierto además problemas en otras jurisdicciones, como la Mercantil. Como ejemplo tenemos, el CGPJ observo que en los juzgados 1 y 2 de Málaga la trifulca se había empeorado, "de lo intolerable a lo inasumible". La institución ha mandado 13 recomendaciones al Ejecutivo desde que dejó de estar en funciones sobre esta materia.
En la materia de lo Social se precisa en un caso de un hombre al que en enero de 2015 se le había dotado de una incapacidad permanente absoluta y, tras haber puesto una nueva petición para pedir una incapacidad de gran invalidez, el juzgado de lo Social número 1 de Sevilla le ha citado para enero del 2018.