Consumo
El Gobierno desvincula los precios públicos del IPC
Por Beatriz Alcántara Gil
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Economía03-02-2017
El Gobierno ha aprobado definitivamente este viernes el Real Decreto de la Ley de Desindexación durante el Consejo de Ministros. La reforma afecta de forma directa al precio de los servicios públicos y deja de vincularlos con el Índice de Precios del Consumo (IPC). A partir de ahora los precios públicos pasarán a estar condicionados por su propios costes de producción, hecho que permitirá ahorrar a los españoles.
El visto bueno del Gobierno a la Ley de Desindexación establece que el precio de los bienes y servicios ofrecidos por el Estado variará solo cuando así lo hagan sus costes específicos. Con esta reforma los precios públicos dejaran de estar condicionados por el IPC y así el Gobierno evitará la segunda ronda de inflación, que provocaba un incremento de los valores cuando aumentaba el precio de otros factores, como la electricidad o el petróleo.
El Ministerio de Economía ha comunicado que este Real Decreto pone en marcha la ley aprobada en 2015 y que prohibía la revisión cada cierto tiempo de precios y rentas. Pese a haber sido aprobada hace dos años, la Ley de Desindexación "no había desplegado su plena eficiencia". "Con las indexaciones la inflación se convierte en causa y consecuencia de sí misma", han explicado desde el Ministerio.
Una de los principales objetivos del Gobierno con la aprobación de esta medida es permitir el ahorro de millones de euros para las familias españolas. Según sus cálculos, los ciudadanos podrían llegar a ahorrar 700 millones de euros anuales, cuando actualmente gastan 35.000 millones de euros en servicios públicos.
La Ley de Desindexación cuenta, sin embargo, con tres excepciones que sí serán vinculadas, aunque no al IPC. Anteriormente el Gobierno había quedado fuera de la vinculación a las pensiones, a la deuda del Estado y a la negociación colectiva. Con la aprobación de este viernes en el Consejo de Ministros, los productos energéticos (gas, electricidad o butano), contratos del sector público que conlleven una gran inversión (obras y concesiones) y los contratos de arrendamiento del sector público sí estarán indexados a un índice concreto establecido en el contrato para su estructura de costes.
El resto de bienes y servicios ofrecidos por el Estado, como tasas universitarias o las tarifas del transporte, irán vinculados al coste de su producción. Para negociar la subida o bajada del precio, las propias sociedades tendrán que hacerlo con su autoridad en tutela.