Cataluña
La Guardia Civil detiene a altos cargos de CDC por corrupción
Por Beatriz Alcántara Gil
2 min
España02-02-2017
La Guardia Civil ha iniciado este jueves una operación contra la supuesta financiación ilegal del Partido Demócrata de Catalunya (PDeCAT), antes conocido como Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Esta nueva etapa de la Operación Petrum ha sido protagonizada por detenciones de altos cargos y registros de instalaciones en Catalunya y Madrid. Esta investigación es conocido también como el "caso del 3%" y estudia las adjudicaciones de obras públicas a cambio de dinero.
La Guardia Civil ha llevado a cabo este jueves la detención de 18 personas y 24 registros en sedes públicas de la Administración catalana dentro de la tercera fase de la Operación Petrum. La Fiscalía Anticorrupción ha impulsado la investigación del "caso del 3%", que estudia el presunto pago de comisiones por parte de empresas a Convergència a cambio de la concesión de obras públicas como la ampliación del Puerto de Barcelona cuando Xavier Trias era alcalde de la ciudad.
La 'Operación Pika', nombre que ha recibido esta nueva fase, ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) y conllevado la detención de altos cargos del partido político. Andreu Viloca, tesorero de gran importancia en la historia de CDC; Xavier Tauler Ferre, ex consejero delegado de la empresa Copisa y Antoni Vives, antiguo concejal de Urbanismo son los tres nombres mas conocidos dentro de los 18 arrestados. Vives es considerado como la figura principal en este caso de corrupción, ya que era el encargado de los grandes proyectos urbanísticos de Barcelona.
Finalmente 4 de los detenidos han sido trasladados a la comisaría de Tarragona, mientras que el resto ha quedado en libertad tras notificarles su imputación. Por el momento la Guardia Civil ha encontrado hasta 19 obras implicados en el caso de las comisiones del 3%. El mayor escándalo urbanístico pertenece a la creación del túnel de Las Glóries en la capital catalana, cuyo concurso fue ganado por una UTE formada por Copisa, Rogasa y Comsa, empresas que ofrecieron la mayor cantidad de dinero en sobornos.
La Fiscalía Anticorrupción ha publicado una nota de prensa mediante la que informa que la 'Operación Pika' persigue "los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo y malversación". La Fiscalía ha comunicado que Andreu Viloca tenía un papel fundamental en la trama ya que era el encargado de controlar "pagos [de las constructoras a Convergència] que serían, de confirmarse, sobornos bajo la apariencia de donaciones a través de sus fundaciones vinculadas: CatDem y Fòrum Barcelona".