Cataluña
La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para Artur Mas
Por Beatriz Alcántara Gil
3 min
España03-10-2016
La Fiscalía Superior de Cataluña ha solicitado 10 años de inhabilitación para el ex presidente de la Generalitat Artur Mas por la consulta ciudadana independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. La Fiscalía acusa al ex dirigente catalán de ser el "autor" de delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave. En esta petición también se señala como "cooperadoras" a Joana Ortega, ex vicepresidenta, y a Irene Rigau, ex consejera de Educación, para las que la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación en cada caso.
La petición por parte de la Fiscalía ha tenido lugar este lunes mediante un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled solicitan en dicho escrito que los acusados no puedan desempeñar cargos públicos en cualquier nivel durante el tiempo de la condena. Además, Bañeres y Sánchez Ulled piden que los delitos sean penados de forma conjunta. En el caso de que sean condenados de forma separada, Artur Mas debería pagar también una multa de 36.000 euros por la acusación de desobediencia.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía, alega que Mas, Rigau y Ortega son los principales organizadores del 9-N, el proceso de participación ciudadana que concluyó con un 80,76% de votos a favor de un Estado independiente catalán. Por ahora, el juicio contra los tres ex miembros del Gobierno catalán no tiene fecha.
El acontecimiento causante de esta solicitud por parte de la Fiscalía tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014, pero sus antecedentes también tienen una gran relevancia en el caso. Como se puede leer en el auto, el 14 de octubre de ese mismo año Artur Mas anunció ante los medios de comunicación la celebración un proceso de participación ciudadana para el día 9 de noviembre. El Tribunal Constitucional no tardó en actuar contra esta consulta ilegal y canceló la consulta cautelarmente cinco días antes de su realización.
Esta suspensión fue ignorada por Artur Mas, según la Fiscalía, quien "articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión", ayudado de forma directa por otros miembros del Gobierno catalán. Su actitud fue apoyada por Ia ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Educación, Irene Rigau, cuya intención era crear "la aparición de que el proceso se paraba" cuando sucedía todo lo contrario. Los dirigentes de la Generalitat siguieron preparando la consulta, como demuestra la Fiscalía, a través de la web institucional que se mantuvo abierta, reparto de correspondencia y las tareas de "infraestructura informática", actividad de suma importancia señalada por los fiscales.
Este escrito por parte de la Fiscalía llega tras varias semanas de agitación en lo que a la independencia catalana se refiere. El pasado 11 de septiembre, Diada de Catalunya, cientos de miles de personas salieron a la calle para volver a reclamar una república catalana. Esta petición ha sido acompañada por el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien la semana pasada anunció la celebración de un nuevo referéndum al pueblo catalán el año que viene tras el apoyo del Parlament. Puigdemont no tiene miedo al probable rechazo del Gobierno central y declaró que la consulta tendrá lugar con o sin el apoyo de este.
Las reacciones a las peticiones de inhabilitaciones no han tardado en llegar, siendo la mayoría de ellas a través de Twitter. Joana Ortega, una de las acusadas por la Fiscalía, ha escrito: "nos quieren inhabilitar por habilitar que la gente hablara. Inédito en el mundo". Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, ha querido transmitir su apoyo a los afectados, al afirmar: "Su vergüenza es nuestra fortaleza. No estáis solos...]". Su discurso ha sido apoyado por Josep Rull, consejero de Territorio y Sostenibilidad, quien también ha calificado los nuevos hechos como "vergüenza democrática".