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Una Justicia más ágil

Por Mª Jesús TorresTiempo de lectura2 min
España29-05-2001

El resultado de tres meses de negociaciones entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) es una reforma de la Justicia que quiere ser más rápida, ágil y eficaz. Partiendo del plan que el ministro de Justicia, Ángel Acebes, expuso en febrero, los interlocutores de ambas formaciones han firmado un pacto pensando en el ciudadano. La reforma se irá materializando a lo largo de dos legislaturas.

La cuestión más discutida fue el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Finalmente se optó por un sistema mixto frente al sistema actual que consiste en la elección de 10 vocales por el Congreso y otros 10 por el Senado. A partir de ahora serán los propios jueces los que presenten los candidatos, en total 36, a ocupar 12 de los 20 puestos. El Parlamento elegirá de entre los candidatos, que deberán contar con un número determinado de avales. Más de la mitad corresponderá a las asociaciones judiciales en función de su representatividad y el resto a los jueces no afiliados a ninguna asociación. Los otros ocho los elegirán las Cortes. Respecto al nombramiento de los jueces, otro de los aspectos en los que el Gobierno ha tenido que ceder, la mayoría de las plazas se cubrirán por oposición pero también teniendo en cuenta otros criterios de mérito, formación, especialización, rendimiento y calidad de su trabajo. Es el tercer y cuarto turno que defendía el PSOE. Además, se pone límite de permanencia en determinados puestos. Otros órganos que sufren modificaciones son el Tribunal Supremo, que en adelante sólo resolverá las revisiones de sentencias firmes dictadas por la Audiencia Nacional y por el propio Tribunal Supremo. El Constitucional verá modificada la ley orgánica que lo regula para dotarle de mayor eficacia y agilidad. Esa agilidad también se conseguirá mediante un nuevo mapa judicial, ajustando la organización a la carga de trabajo que exista en cada zona del territorio. Se crean, además, nuevo Juzgados de lo Civil para aligerar el trabajo que soportan los de Primera Instancia. Los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas se convierten en la máxima instancia para resolver los asuntos de Derecho autonómico. La reforma afectará a las oficinas judiciales, que serán reformadas y modernizadas. Los juzgados funcionarán por la mañana y por la tarde. Se implantarán las nuevas tecnologías y se mejorarán los edificios judiciales. Otro de los cambios a destacar es la elaboración de una nueva ley de Enjuiciamiento Criminal que recoja la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la protección de las víctimas de los delitos violentos y la reforma de la prisión provisional.