Cataluña

El Constitucional suspende la resolución independentista

Por Luis Lautenschlaeger Feijóo3 min

España03-08-2016

El Tribunal Constitucional ha suspendido este martes la resolución por la que la pasada semana el Parlamento de Cataluña dio inicio al proceso de desconexión y ha dado el primer paso para adoptar nuevas medidas contra aquellos que se nieguen a adoptar la sentencia. Aun así, la consejera de la Presidencia catalana, Neus Munté, ha asegurado que el Gobierno autonómico seguirá adelante con su hoja de ruta para alcanzar la independencia.

Duro golpe para el independentismo catalán. El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes, de forma unánime, la suspensión de la resolución por la que la semana pasada el Parlamento de Cataluña dio luz verde al proceso de secesión. Del mismo modo ha confirmado que endurecerá las sanciones para todos aquellos que no acaten la decisión.

De esta forma, dicho organismo ha admitido a trámite el incidente planteado el día 29 de julio por el Gobierno en funciones.​El Ejecutivo presentó un recurso contra la resolución aprobada el 27 de julio por el Parlamento de Cataluña y solicitó abrir la vía penal contra la presidente de dicho organismo, Carme Forcadell, por permitir el debate y la votación de una resolución independentista. Para los ministros, esta era la principal responsable de “liderar una institución que vulnera de manera flagrante el Estado de derecho y el orden constitucional”.

Además, esta decisión conlleva automáticamente la suspensión del proceso secesionista durante, por lo menos, cinco meses. Una vez cumplido ese plazo, el Constitucional deberá levantarla o ratificarla. Además, ha dado un plazo de 20 días a Forcadell para que informe sobre el cumplimiento de las resoluciones ya adoptadas anteriormente “a efectos de la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas” en la Ley Orgánica.

En cambio, con respecto a las sanciones, dicho tribunal tan solo ha aceptado una parte de las reclamaciones hechas por el Gobierno. Así, ha acordado notificar personalmente a la propia Forcadell, al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y al resto de los miembros de la Mesa de la Cámara y del Gobierno catalán su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran la suspensión. Asimismo ha advertido de la obligación de todos ellos de respetar la ley y “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”.

Cabe destacar, que el Tribunal Constitucional también podría estar barajando poner diversas sanciones a todos aquellos que apoyen el proceso independentista. De esta forma, contempla imponer multas de entre 3.000 y 30.000 euros por incumplir sus resoluciones, así como la inhabilitación de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento.

En cambio, y a pesar de las graves consecuencias a las que se enfrentan, la consejera de la Presidencia catalana, Neus Munté, ha garantizado que el Govern mantendrá en pie su hoja de ruta soberanista y ha negado que el Tribunal Constitucional pueda actuar como un "tribunal ejecutor", capaz de tumbar "opiniones o debates que tienen un carácter político". “Es absolutamente legítimo que el TC actúe como árbitro para dictaminar si las leyes se ajustan o no a la Constitución, pero no puede entrar a dirimir sobre la constitucionalidad de debates parlamentarios, declaraciones políticas o conclusiones que emanan del normal funcionamiento de un Parlamento", asegura.

Por su parte, el presidente catalán Carles, ha reafirmado su intención de continuar el proceso a través de su cuenta de twitter. "Obedecer a un Parlamento escogido por los ciudadanos no es, para un demócrata, ningún sacrificio. El Estado español, en cambio, lo convierte en una proeza. Obedeceremos, ya lo creo. Obedeceremos al Parlament, cumpliremos el compromiso con los ciudadanos y construiremos un Estado libre, moderno y próspero", sentenciaba.