Cataluña

El Gobierno se planta contra el desafío independentista

Por Luis Lautenschlaeger Feijóo3 min

España29-07-2016

Nueva acción del Gobierno contra el independentismo catalán. El Ejecutivo ha presentado este viernes un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional (TC)  contra la resolución aprobada el pasado 27 de julio por el Parlamento de Cataluña dando vía libre al proceso de desconexión del Estado. Asimismo el Ejecutivo ha pedido que se abra una vía penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por desobedecer sus sentencias y permitir el debate y la votación de una resolución independentista.

El Gobierno español ha decidido intervenir ante el rápido avance independentista en Cataluña. Así, el consejo de ministros ha dado luz verde este viernes a la presentación de un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional contra la resolución aprobada el pasado 27 de julio por el Parlamento de Cataluña, la cual impulsaba y daba vía libre al proceso de desconexión de la comunidad autónoma de la nación.

Del mismo modo, el Gobierno en funciones ha solicitado que dicho tribunal abra la vía penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por desobedecer sus sentencias y permitir el debate y la votación de una resolución independentista. Además, desde el Ejecutivo consideran que ella es la principal responsable, al “liderar una institución que vulnera de manera flagrante el Estado de derecho y el orden constitucional”.

De esta forma, la número dos del Ejecutivo ha asegurado que la intención es que el Tribunal Constitucional se ocupe ahora de documentar de manera precisa todos los incumplimientos en los que haya podido incurrir ya Forcadell y los envíe a la Fiscalía para que valore cómo debe actuar penalmente contra la presidenta. “Sería profundamente antidemocrático ser inhabilitada. El Gobierno está coartando la libertad de expresión del Parlament y de los diputados. No quieren que debatamos. Es muy triste”, criticaba la propia Forcadell.

Concretamente, el Ejecutivo defiende que la resolución aprobada por el Parlamento catalán, vulnera radicalmente la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 2 de diciembre de 2015, que anuló el llamado proceso de desconexión, y el auto del 19 de julio en el que se advierte a los poderes implicados y a sus titulares, su deber de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir sus mandatos.

Por ello, el objetivo principal del Gobierno en funciones es que dicho organismo advierta a Forcadell,  la Mesa de esa Cámara, al actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todos sus consejeros de la prohibición e ilegalidad de que actúen o promuevan cualquier iniciativa que favorezca las pretensiones separatistas. Así, tal y como ha informado la propia Santamaría, no descartan que el Constitucional decida imponer multas económicas y coercitivas contra todos aquellos que se salten la ley y apoyen el proceso independentista, los cuales  podrían verse obligados  a pagar entre  3.000  y los 30.000  euros. Incluso, y si la situación lo precisa, dichas personas podrían sufrir la suspensión de sus funciones.

Estos son tan solo algunos de los puntos clave del incidente de ejecución aprobado por el Consejo de Ministros, comunicado posteriormente al resto de líderes políticos del país. De esta forma, uno de los más comprometidos con estas medidas ha sido el representante del Partido Socialista, Pedro Sánchez, el cual ha llamado a Rajoy para mostrarle su "apoyo" en la exigencia del cumplimiento de la legalidad en Cataluña. “La decisión del Parlamento catalán es un grave error político que no va a ninguna parte, salvo a la quiebra de la convivencia y la división de la sociedad catalana. Esto perjudica al conjunto de España, pero en especial a Cataluña, a sus instituciones y a sus ciudadanos", sentenciaba el socialista.