JUSTICIA

Gobierno y PSOE pactan por una mejora de la Justicia

Ángel Acebes, ministro de Justicia

Por MªJesús Torres2 min

España31-05-2001

El Gobierno del Partido Popular (PP) y el principal partido de la oposición, el Partido Socialista (PSOE) zanjaron, a inicios de la semana pasada, las cuestiones pendientes de la reforma de la Justicia.

El jueves se reunían en La Moncloa los secretarios generales de ambos partidos, Javier Arenas y José Luis Rodríguez Zapatero, bajo la supervisión del presidente del Gobierno, José María Aznar, para firmar un pacto de Estado que se proyectará en las dos próximas legislaturas. Los artífices del pacto, el secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, y el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, discutieron hasta 23 puntos a reformar en las 19 reuniones que mantuvieron con un objetivo muy claro: conseguir una justicia más ágil, eficaz y rápida, todo ello sin olvidar que el destinatario primero de esta reforma es el ciudadano. El Ministro de Justicia, Ángel Acebes, insistió en esta cuestión: "El Gobierno ha antepuesto los intereses de los ciudadanos" y "lo principal es que se ha logrado después de 25 años la paz constitucional en torno al Consejo General del Poder Judicial". Precisamente, este fue el punto más discutido ya que sus posturas divergían respecto al sistema de elección de los vocales del Poder Judicial. Finalmente, acercaron posturas y optaron por un sistema de elección mixto. Otros puntos destacables son la limitación en el tiempo de algunos cargos jerárquicos, la reducción temporal en la resolución de los procesos, la creación de un nuevo mapa judicial, o la modificación de algunas leyes, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Javier Arenas entendió el pacto como un acuerdo para "despolitizar" la Administración de la Justicia. Para el secretario de Estado de Justicia, es "el plan más ambicioso y profundo de reforma estructural que se ha acometido". Y López Aguilar manifestó que todo el pacto "está teñido de un talante progresista" e invitó a las demás fuerzas políticas a participar a través de la Comisión de Seguimiento, que desarrollará el pacto de Estado. Convergència i Unió (CiU) y Coalición Canaria mostraron su satisfacción por la reforma y decidieron sumarse a ella, aunque CiU criticó la ausencia de otras fuerzas políticas y su presentación "bilateral". En esta línea, Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco y Bloque Nacionalista Gallego criticaron que sólo hubiera sido firmado por los dos grandes partidos. Los colectivos profesionales de la Justicia lo calificaron, en general, como un avance y como positivo. El pacto implica cambiar una veintena de leyes para modificar las competencias de los altos tribunales, introducir criterios de productividad en las retribuciones de jueces y fiscales e informatizar y reorganizar la oficina judicial para agilizar los procesos. Para ello, nace dotado con la suma de 250.000 millones de pesetas.