Latinoamérica
La Presidenta Dilma Rousseff, a un paso de los tribunales
Por Alexandra Campoamor
2 min
Internacional12-04-2016
Entra en marcha el proceso para intentar destituir a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras los engaños llevados por la dirigente para ocultar el enorme déficit de presupuesto de su país. A ello se le suma el escándalo de los sobornos en Petrobras y las desviaciones de dinero desde la petrolera del Estado, además de las contrataciones a dedo y las no pocas acusaciones de corrupción que salpican al gobierno brasileño.
La comisión de Diputados en Brasil se ha propuesto echar a su Presidenta, Dilma Rouseff, del Gobierno. Los múltiples casos de corrupción permitidos o en los que se ha visto involucrado gracias a su mano son razones suficientes para los mismos diputados para el cese. No obstante, entre los ciudadanos brasileños y dentro de la propia Cámara no son pocas las voces que ven la destitución como un golpe de Estado.
Uno de los autores de la polémica denuncia es el propio fundador del Partido de los Trabajadores al que pertenece Rousseff, Hélio Bicudo, quien a sus 93 años ha señalado a la dirigente de "violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien". Bicudo apunta que esta práctica es completamente ilegal, si bien el Gobierno ha saltado la ley varias veces para ocultar la gran cantidad de irregularidades perpetradas durante las dos legislaturas de Rousseff.
La (aún) Presidenta se ha defendido negando el crimen de responsabilidad que se le atribuye y no concibe legalidad en el juicio político. Sobre el mismo, declaró que se trata de "un golpe" de la oposición y acusó a los mismos de un complot para quitarla del medio. El excanciller uruguayo Luis Almagro ha salido en su defensa, alegando la insuficiencia de pruebas y califica de "deshonesto" que la acusación se realice en estos términos.
La acusación se llevará a otra sesión de votación en la Cámara Baja a mediados de abril gracias a los 38 votos a favor (27 en contra) de los diputados, en el cual se decidiría la aprobación o no del juicio político por la "crisis fiscal sin precedentes" al que, dicen, ha llevado la gestión de Rousseff. El informe inicial se centra en la ocultación sistemática del gran agujero provocado durante su mandato, sin olvidar los casos de corrupción ya activos. También su partido se enfrenta a un presunto delito de financiamiento ilícito. En cualquier caso, si finalmente la mandataria es llevada a juicio no podrá ejercer su cargo durante los siguientes 3 meses.
Mientras tanto, en las calles brasileñas se suceden las manifestaciones a favor y en contra de Rousseff. Tres de cada cinco ciudadanos dicen estar a favor de llevarla ante los tribunales.