VENEZUELA

Maduro utilizará todos los mecanismos para vetar la amnistía de los presos politicos

Por Selene Pisabarro2 min

Internacional31-03-2016

La tensión entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional aumenta tres meses después de que la oposición haya comenzado a controlar el poder legislativo. Ahora es el turno de la Ley de amnistía para liberar a 78 presos políticos. El Ejecutivo chavista se niega a que el proyecto salga hacia adelante y pone en boga un nuevo conflicto de poderes.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aprobó este martes la incursión de la Ley de amnistía para los presos políticos. Se fragua así una de las promesas –y deseos- electorales de la coalición opositora que desea excarcelar cuanto antes a Leopoldo López y a otras 77 personas. En un principio, estaba previsto que la proposición de ley se discutiera este jueves, aunque finalmente se adelantó dos días.

Sin embargo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió desde antes de que comenzara la votación que no refrendaría una medida que beneficia y protege a “asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas”. Los opositores han asegurado que la ley no mirará por los presos condenados por homicidios, lesiones graves o crímenes de lesa humanidad, sino a favor de aquellos que están en prisión por sus ideas políticas. Es por eso, que más allá del significado banal de las palabras del líder, el chavismo considera “asesinos” a los presos políticos.

El Gobierno ha impulsado numerosas campañas en los últimos dos años contra los opositores encarcelados, mientras que la mayoría opositora bate sus imposiciones desde enero en una pugna por el poder. Precisamente, la Asamblea ha querido tomar decisiones que no ha podido porque el Supremo lo ha impedido. Fue el caso de la impugnación de los tres diputados de la MUD en el Estado de Amazonas, que no pudieron juramentar su cargo y tampoco, por tanto, otorgar a la coalición opositora los dos tercios necesarios para legislar con la mayoría cualificada.

Aún queda que el jefe del Estado revise la ley, uno de los requisitos indispensables para que se promulgue y una baza que aprovechará Maduro para frenar la puesta en libertad de los opositores. Por el momento, baraja dos opciones, entre las que deberá elegir en los próximos diez días. Una, que sugiera modificaciones legislativas, por lo que debería someterse de nuevo a la Asamblea y dos, que la envíe al Tribunal Supremo de Justicia para que determine si es constitucional o no.

Precisamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ha sugerido de que el Alto Tribunal ya está “cocinando” una sentencia para declarar la inconstitucionalidad de la norma. Sus declaraciones se deben a que los cinco magistrados que integran la Sala Constitucional del Supremo son afines al proyecto político de la autodeterminada revolución bolivariana.

Aunque Maduro exija que se modifique la ley, la Asamblea puede seguir su orden o insistir hasta que se promulgue. En el caso de que el presidente continúe sin aceptar, el Parlamento podrá hacerlo motu proprio, aunque el Supremo podrá revisar el texto por si se incumple la legalidad vigente.

El líder bolivariano reta así a una Asamblea dominada por una mayoría opositora que ya ha empezado a echarle un pulso durante los dos últimos años de su mandato como presidente. Maduro juega con que el Supremo está a su favor y además ostenta el poder Ejecutivo, mientras que las leyes sólo podrán salir adelante bajo el beneplácito de la Asamblea.