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Elecciones 20-D

Patxi López advierte del posible "conflicto institucional"

Por Elena PedrocheTiempo de lectura2 min
España15-03-2016

El presidente del Congreso, Patxi López, ha alarmado este martes de un posible "conflicto institucional grave" entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno en funciones. La Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara baja han aprobado, sin el apoyo del Partido Popular, que el Congreso someterá a control al Ejecutivo de Mariano Rajoy, que está en funciones hasta que se invista a un nuevo presidente.

El Gobierno de Rajoy considera que el Congreso de los Diputados no puede someterle a control, por lo que remitió una carta a la Cámara parlamentario para negar la comparecencia este jueves del ministro de Defensa, Pedro Morenés, que había sido citado por los grupos parlamentarios.

Por su parte, el presidente del Congreso, envió también el lunes por la tarde una carta a la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, solicitando que el Ejecutivo reconsidere su postura “y modifique su decisión de no acudir a la comparecencia incluida en el orden del día de la Comisión de Defensa del día 17 de marzo así como a otros futuros requerimiento de la Cámara".

López asegura en la carta que la decisión tomada por el Ejecutivo, va en contra de la obligación del Gobierno de someterse al control político del Congreso, recogida en el artículo 26.2 de la ley 50/1997. Este precepto recoge que “todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales".

El presidente del Congreso no ha especificado las medidas que se tomará si el Ejecutivo se niega someterse al control de las Cortes, pero ha manifestado la posibilidad de plantear un "conflicto de atribuciones" ante el Tribunal Constitucional, algo que debe ser decidido por el pleno del Congreso.

Esa vía sirve para evitar que una institución impida a otra ejercer sus funciones, ha asegurado López. Está recogida en el artículo 73 de la Ley del Tribunal Constitucional, y afirma que “la sentencia del Tribunal determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones y resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de los mismos”. Sin embargo, los plazos de alegaciones previstos legalmente impiden que se dicte sentencia antes de la disolución de las Cortes el 2 de mayo, si ningñun candidato lograr apoyos suficientes para ser investido.