Caso Nóos
La infanta Cristina seguirá en el banquillo por el caso Nóos
Por David Pastor
2 min
España29-01-2016
La Audiencia de Palma ha rechazado este viernes la aplicación de la doctrina Botín y decide que la infanta Cristina siga como acusada para ser juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin. Las magistradas se acogen a la tesis del José Castro, juez instructor, de que el perjudicado por el delito fiscal de la infanta es el conjunto de los españoles
En un auto de 85 folios, la Audiencia provincial acusa a la Fiscalía y a la abogacía del Estado de haber actuado como abogados defensores de la infanta. Según la Audiencia, de existir delito fiscal se podría pedir la absolución de todos los implicados, pero no sólo de la infanta, como propone la Fiscalía. También se rechaza la exclusividad del Fiscal para la defensa y dar marcha atrás a las acusaciones admitidas a trámite.
Las magistradas Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moyá, de la sección primera de la Audiencia de Palma y encargadas de juzgar el caso Nóos, han criticado la “doctrina Botín”, por desamparar la labor de la acusación popular con una interpretación que no se ajusta a la voluntad del legislador.
De esta manera, la infanta deberá sentarse durante todo el juicio del caso Nóos junto a los demás acusados. El juicio se reanudará el próximo 9 de febrero y se alargará hasta el día 26. La última sesión está fijada para el próximo 30 de junio. La primera persona en declarar será José Luis “Pepote” Ballester, antiguo director general de Deportes del Govern balear. Las declaraciones de los testigos se producirán inicialmente entre el 8 de marzo y el 17 de mayo. La infanta declarará en último lugar.
La Casa Real ha realizado una declaración oficial a través de su portavoz, insistiendo en el absoluto respeto de la institución monárquica por la justicia española. El rey recibía la noticia este viernes una vez finalizada la reunión con la representante de En Marea, de Galicia, con motivo de los inicios de la segunda ronda de consultas con los partidos de cara a una próxima formación de gobierno.
La infanta Cristina está acusada de dos delitos fiscales en grado de cooperación, como copropietaria de las empresas con la que su marido Iñaki Urdangarin defraudó algo más de 337.000 euros a la Hacienda Pública durante los años 2007 y 2008.