CORRUPCIÓN

Rajoy cree que el nuevo caso de corrupción no afectará a la investidura

Por Selene Pisabarro3 min

España28-01-2016

En medio de un clima tenso por las negociaciones para formar Gobierno, la operación Taula salió a la luz este martes. La Fiscalía acusa al PP valenciano blanquear mordidas y donaciones de sus militantes para financiar ilegalmente sus campañas, a raíz de una denuncia por la gestión irregular de una empresa pública. De esta forma, el presidente del Gobierno se enfrenta a una de las semanas más duras en la que comprobará si el nuevo caso de corrupción afecta a las negociaciones para formar Gobierno.

Aun así, Mariano Rajoy no cree que la operación afecte a la investidura, tal y como declaró el miércoles en El Programa de Ana Rosa. Para él, la mejor solución consiste en evitar “estos casos” y tomar decisiones rápidamente. A pesar de que el presidente es consciente del daño que la corrupción ha provocado en el partido, cree que los ciudadanos han sabido valorarle de otra manera para lograr ser el partido más votado. A sus espaldas quedan otros casos como Púnica, Gürtel o los papeles de Bárcenas, que han hecho mella en el desgaste del PP.

Pero no todo pinta tan bien para el PP de Rajoy después de que éste reconociera que necesita el apoyo de Ciudadanos y del PSOE para poder gobernar. Desde el partido de Albert Rivera, el portavoz Juan Carlos Girauta, califica de “absoluto escándalo” la macrooperación por corrupción. Una de las condiciones que pretende instaurar la formación naranja es la de firmar un gran pacto anticorrupción. Por su parte, el portavoz de Compromís en el ayuntamiento de Valencia, Pere Fuset, pise al PP que acometa su “regeneración” y no gire la cara hacia otro lado.

Pero Rajoy aseguró el miércoles que “cualquier persona involucrada en un caso será aparcada para siempre”. Por eso, el Comité de Derechos y Garantías del PP de la Comunidad Valenciana suspendió de militancia –aunque de manera cautelar- a las personas que están detenidas y a las investigadas. Precisamente, la reforma del Código Penal modificó el término “imputado” por el de “investigado” y, además, permite procesar a las personas jurídicas.

Se trata de una medida que los populares han asumido sin precedentes, debido a que, a pesar de que han denunciado la corrupción de forma reiterada, nunca habían actuado tan rápida y decisivamente. Las negociaciones para formar Gobierno están en plena ebullición y el PP no quiere perder ninguna oportunidad.

El presidente del Ejecutivo insiste en que no “han sido llamados a declarar o detenidos” ni la ex alcaldesa de Valencia y ahora senadora, Rita Barberá, y el ex conseller y diputado, Gerardo Camps, por lo que confía en su gestión. Respecto a Barberá, al menos existen cuatro contratos que se cuestionan con un valor de 75 millones de euros y, aunque de momento no existe ninguna conversación telefónica que la implique, se duda sobre si de verdad no estaba al corriente de lo que sucedía. Así, Rajoy ha señalado que “no se puede decir de ellas, salvo que estas personas están absolutamente limpias”.

También el vicesecretario de Organización de la formación, Fernando Martínez-Maíllo, ha echado balones fuera al afirmar que la corrupción “no es algo de partidos, sino de personas”, por lo que la ley “demuestra que no hay impunidad”.

El temor ante una redada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha alertado a los empresarios valencianos. Por el momento están revisando sus cuentas con las administraciones públicas para comprobar que los contratos firmados durante los mandatos del PP están en orden.