Corrupción
Alfonso Rus, detenido en una operación policial en Valencia
Por Sonia de la Cal 
3 min
España26-01-2016
La Guardia Civil ha detenido al que fuera presidente de la Diputación de Valencia y del PP en la misma provincia, Alfonso Rus, por una supuesta trama de corrupción en la empresa pública Impulso Económico Local S.A. (Imelsa). Los agentes han detenido también a la exconcejal de Cultura y exasesora del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón, y a la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster.
La llamada 'Operación Taula', que tiene como objetivo destapar la trama de corrupción llevada a cabo en varias administraciones públicas valencianas, como son los Ayuntamientos, la Diputación Provincial de Valencia y la Generalitat, prevé realizar hasta 24 detenciones en las tres provincias de la Comunidad. Además, en esta misma operación otras cinco personas están siendo inspeccionadas bajo la categoría de "investigadas".
Los componentes de esta trama de corrupción utilizaban los cargos de responsabilidad que ocupaban en empresas públicas o en las administraciones para realizar contratos fraudulentos y cobrar a cambio comisiones ilegales.
La investigación comenzó en 2014 cuando Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) presentó una denuncia contra Imelsa, acusando al entonces director gerente de la empresa, Marcos Benavent, de crear una empresa fantasma, Berceo Mantenimientos, para desviar comisiones, perjudicando así a las arcas públicas. La Fiscalía Anticorrupción inició entonces una investigación por esta supuesta gestión irregular que Imelsa estaba llevando a cabo.
Pocos meses después salieron a la luz unas grabaciones en las que presuntamente se escuchaba a Alfonso Rus contar billetes del cobro de comisiones ilegales. Rus perdió entonces su puesto como presidente del PP y de la Diputación de Valencia. El escándalo de corrupción también implicó a María José Alcón, que perdió su puesto de concejala de Cultura de Valencia en esos momentos.
Más adelante, se presentó una querella más detallada ante los Juzgados de Valencia tras averiguar que la trama de corrupción afectaba a un ámbito mayor y no sólo a Imelsa. En marzo de 2015, el juez inició trámites contra la administración pública valenciana por delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, prevaricación administrativa y tráfico de influencias, entre otros.
Por su parte, Benavent fue citado para declarar como imputado por la presunta gestión irregular de Imelsa en mayo de 2015. A su salida de los juzgados reconoció ante los medios de comunicación que se llevó “de todo” de la Diputación. No obstante, avisó de que colaboraría con la justicia contando toda la verdad.
Después de sus declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción solicitó su colaboración para que ayudase a esclarecer la investigación sobre los contratos que Imelsa llevó a cabo con distintas empresas. Benavent aportó entonces documentación y discos duros al fiscal.
Actualmente, se encarga del caso el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado a través de su Delegación en Valencia. Además, la 'Operación Taula' está dirigida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial.
En los próximos días, la Guardia Civil va a organizar un total de 33 registros tanto en las viviendas de los investigados, como en empresas que pueden estar relacionadas con la trama de corrupción, como es el caso de Ciegsa, dedicada a la construcción de centros educativos. También están produciéndose registros en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y en algunas entidades como la Fundación Jaume II y el Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, presidido por Alfonso Rus hasta junio de 2015.
Asimismo, los agentes de la Guardia Civil también han bloqueado un total de 252 cuentas corrientes de personas implicadas en la trama y han embargado 150 vehículos de alta gama.