Esta web contiene cookies. Al navegar acepta su uso conforme a la legislación vigente Más Información
Sorry, your browser does not support inline SVG

LOMCE

Se mantiene la resistencia para aplicar la Lomce en algunas comunidades

Por Selene PisabarroTiempo de lectura3 min
Sociedad08-09-2015

Ahora entra en vigor para nuevos cursos la polémica Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la primera de la legislatura del PP en materia de educación para los cursos impares de ESO y Bachiller y se terminará de introducir en Primaria en los cursos pares. Muchas comunidades autónomas se han mostrado reacias a implantarla, pero lo cierto es que la mayoría lo harán, aunque algunas con cambios.

Las comunidades en las que no gobierna el PP, como son Aragón, Cantabria, Canarias, Andalucía, Extremadura, Islas Baleares, Valencia, Cataluña, País Vasco, Asturias, Navarra y Castilla la Mancha, se rebelaron en un primer momento contra esta ley del ex ministro de Educación, José Ignacio Wert, aunque lo cierto es que, a día de hoy, y con otro titular en la cartera, Méndez de Vigo, la ley continúa adelante y sólo unas pocas alterarán los cambios.

Por ejemplo, cuatro de ellas recuperarán la Educación para la Ciudadanía, mientras que otras cinco le restarán horas a la asignatura de Religión. Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde el Consell acaba de aprobar la pasada semana un decreto con medidas para “paliar las desigualdades y los efectos negativos” de la Lomce. De esta forma, en Primaria se podrán aumentar las clases de 45 a 60 minutos, reforzar las asignaturas troncales de Bachiller y nuevas medidas de atención a la diversidad en la ESO. La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha explicado que se trata de una forma de llevar "al límite" la ley, siempre dentro de legalidad, para una implantación "consensuada con la comunidad educativa".

En Aragón se han derogado los currículos anteriores para adaptar los que ya estaban vigentes a la Lomce, por ejemplo, se ha reducido una hora la asignatura de Matemáticas en tercero de la ESO y otra de Religión en primero, que reforzarán las horas de Inglés. Ahora Educación para la Ciudadanía será evaluable en la ESO en Andalucía -incluso en primero de bachiller en Aragón- , como Canarias que la hará obligatoria entre primero y tercero de la ESO. Otra novedad es la del Gobierno cántabro, que recupera los ciclos de dos años en primaria porque lo considera imprescindible para la integración de los niños.

Aun así, comunidades en las que gobierna el PP muestran algunas reticencias, como en el caso de Castilla y  León, donde su consejero de Educación, Fernando Rey, ha admitido que se puede plantear la prueba de 4º de la ESO como no vinculante y simplemente de “diagnóstico”. Así, ha considerado que los alumnos que ahora comienzan primero de Bachiller se encuentran con una “incertidumbre lamentable” por desconocer los criterios con los que se les evaluará cuando finalicen el curso.

Desde el sindicato UGT denuncian que la llegada de la Lomce no exime de los recortes en el profesorado y de los sucesivos cambios a los que se someten tanto los docentes como los alumnos. Por eso, asegura que “su implantación genera inseguridad e incertidumbre en los centros escolares”.

Los cambios también llegan para los bolsillos de los padres, que abonarán una media de 400 euros por hijo, aunque el gasto varía en función de la comunidad. Es el caso de Andalucía o Navarra, donde desde hace años los libros los compran los centros escolares, o en Madrid donde se puede deducir hasta el 15%  en la declaración del IRPF por “gastos de escolaridad”. Eso sin tener en cuenta que muchas familias dependen de las becas y ayudas económicas para libros porque no pueden sufragar todos los gastos pero que en muchas ocasiones depende del nivel de renta o de la excelencia académica, que otorga más ayudas. Precisamente, este gasto supone el 40% del presupuesto total desde Primaria hasta Bachiller. Según la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), este cambio de ley supone también la modificación de alrededor de 180 asignaturas de todos los ciclos escolares.