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PAÍS VASCO

La socieda vasca se enfrenta a los obstáculos para aplicar el auto de Garzón

Fotografía Una de las últimas manifestaciones autorizadas celebradas por Batasuna

Una de las últimas manifestaciones autorizadas celebradas por Batasuna

Por Amalia CasadoTiempo de lectura3 min
España08-09-2002

El nacionalismo vasco no comparte las acciones del Gobierno en la lucha contra ETA, especialmente, la ilegalización de Batasuna. Tampoco comparte los criterios del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y valoran su auto de suspensión de las actividades de Batasuna como un ataque a la libertad de expresión y al derecho de asociación. Acusan a Garzón de someterse a los criterios del Gobierno y, al Gobierno, de tener intenciones ocultas en su lucha contra Batasuna.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha expresado su intención de obedecer la ley y de acatar las decisiones de Garzón “aunque no nos gusten”, decía Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV en el Congreso, el día que se celebró el Pleno en el Congreso por el que se instaba al Gobierno a solicitar la ilegalización de Batasuna ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, tanto PNV como su socio de Gobierno, Eusko Alkartasuna (EA), no han dejado de manifestar su disconformidad con los criterios del Gobierno en la lucha contra ETA, especialmente, con la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna. Tampoco comparten la decisión de Baltasar Garzón de prohibir las manifestaciones de Batasuna y toda su actividad política. Lo acusan de acatar los criterios del Gobierno y de atacar el derecho de asociación y de expresión. El presidente del PNV, Xavier Arzalluz, lo hacía asegurando que “estamos padeciendo ya, de hecho, un estado de excepción en derechos fundamentales como el de expresión, manifestación y asociación”. El desafío de EA al auto del juez ha consistido en convocar una manifestación en Gernika bajo el lema “Por las libertades” a la que acudieron unas 1.000 personas. Se manifestaban en contra de ETA, sí, pero también en contra de las iniciativas legales tomadas contra Batasuna. Acusaban al juez Garzón de entrar en el juego del Gobierno que, para EA –y también para el PNV- no pretende sino limitar el nacionalismo vasco, y no sólo combatir la violencia terrorista. Garzón se defiende Baltasar Garzón, que ha desestimado el recurso presentado por Batasuna contra el auto del 26 de agosto, aprovechó el escrito desestimatorio para defenderse de las críticas, ratificarse en sus decisiones y aclarar que la aplicación del auto en las instituciones depende en su ejecución de dichas instituciones. Explica que no sería justificable el incumplimiento de las medidas y que él, como miembro del poder judicial y por la separación de poderes, no puede obligar su aplicación a las instituciones legislativas, sino, tan sólo, dejar la efectividad del auto en sus manos. Acusa a algunos políticos de desvirtuar el contenido de sus escritos para menoscabar la acción judicial. Las manifestaciones de Batasuna están prohibidas desde el 26 de agosto. Garzón ha especificado esta semana en una providencia que no sólo están prohibidas las convocadas por Batasuna, sino todas aquellas que “directa o indirectamente estén impulsadas o inspiradas por Batasuna o por sus miembros o dirigentes”. Pero este domingo, una nueva manifestación de simpatizantes de Batasuna ha tenido lugar en San Sebastián. En ella participaron miembros de la Mesa nacional de Batasuna, y estaba prohibida por el Gobierno vasco. Sin embargo, llegada a la barrera policial, la Ertzaintza permitió que continuara. Batasuna en las instituciones El auto de suspensión de las actividades de Batasuna también se refería a la acción del grupo parlamentario de Batasuna en las instituciones públicas. A este respecto, Parlamento navarro y vasco han reaccionado de forma diferente. Mientras el parlamento navarro ha decidido, a la espera de un informe de sus servicios jurídicos, paralizar las iniciativas de Batasuna e impedir la tramitación de cualquier otra, el presidente de la Cámara vasca, José María Atutxa, consideraba que el auto de Garzón no les afectaba por no haber recibido comunicación de que así sea y consideraba un sin sentido la iniciativa de PP y PSOE de consultar a los servicios jurídicos de la cámara vasca la repercusión del auto de Garzón.