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China

El TS archiva dos causas de justicia universal contra China

Por Desiree PanaderoTiempo de lectura3 min
España22-04-2015

La Justicia española no puede juzgar a China por el genocidio en el Tíbet. El Pleno de lo Penal del Alto Tribunal confirma, por unanimidad, el archivo de las causas contra altos funcionarios chinos por causas de genocidio, torturas y delitos de lesa humanidad en el Tíbet. Los magistrados de la Audiencia Nacional de España estaban investigando estos presuntos delitos, pero, tuvieron que archivarlos tras la reforma que el año pasado limitaba las competencias de la justicia española en referencia a los casos de jurisdicción universal.

La acusación decidió recurrir ante el Tribunal Supremo, que ha tenido que ratificar lo ya expuesto por la Audiencia Nacional. La clausura por parte de la Audiencia Nacional de los casos se daba en junio de 2014. Con la reforma anteriormente expuesta, ya no se cumplen los requisitos para poder seguir con las diligencias en España porque los querellados no son españoles, no residen en este país y además, no se ha denegado su extradición por parte de las autoridades españolas. El juez Ismael Moreno estaba investigando un delito de genocidio, delitos de lesa humanidad y torturas que se habrían perpetrado en la región del Tíbet por orden del Gobierno chino. Los muertos en este genocidio se cifran en un millón de personas en los últimos 50 años.

En febrero de 2014 Moreno ordenaba la detención de Jiang Zemin y Hu Jintao, expresidentes chinos, Li Peng, exprimer ministro, Qiao Shi, jefe de la seguridad china y responsable de la Policía, Tibet Chen Kuiyan, exsecretario del Partido Comunista de China y Peng Pelyun, exministro de Planificación Familiar. Este juez también instruía la causa referente a las torturas de la comunidad Falun Gong, una querella interpuesta en 2004 por 15 víctimas de la represión que lleva sufriendo este grupo religioso desde 1999.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado ambos recursos de casación,  presentados por acusaciones populares. Esto supone el fin definitivo de las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional y que salpicaban a varios miembros de la cúpula del Ejecutivo de China. La jurisdicción universal prevista por la Ley Orgánica del Poder Judicial se reformaba en marzo de 2014, una reforma impulsada por el Grupo Popular (PP) en el Congreso de los Diputados. Todos los grupos opositores ya advirtieron entonces que el partido gobernante en España realizaba esta reforma para evitar problemas con China y para preservar las relaciones comerciales y diplomáticas con la superpotencia asiática.

El ponente de las dos resoluciones ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido. La ley actual limita de manera considerable el alcance de la jurisdicción universal. Sólo permite a la Audiencia Nacional investigar acciones ilícitas contra la humanidad cometidas en el extranjero si las personas acusadas están en España, alguna de las víctimas tiene nacionalidad española o existe algún vínculo relevante con España. 

El Supremo avaló la apertura de diligencias por los presuntos sucesos contra miembros de Falung Gong  en junio de 2006. Uno de los sospechosos más célebres era el actual presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino, Jia Qinglin, secretario del Comité Municipal de Pekín entre 1997 y 2002. China es la tenedora del 20% de la deuda externa de España. Por otro lado, Pablo Ruz, magistrado de la Audiencia Nacional,  ha preguntado al Supremo la idoneidad de seguir o no con el caso de la Flota de la Libertad, teniendo en cuenta las limitaciones de la jurisprudencia española tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Desde el Alto Tribunal le han pedido que reformule su consulta.

“Los derechos civiles y políticos de los tibetanos están bajo constante ataque por las autoridades chinas que no se detendrán ante nada para reprimir la disidencia. Cada aspecto de la vida tibetana es sitiada desde un liderazgo chino determinado para erradicar gradualmente toda una cultura . La bandera tibetana y el himno nacional están prohibidas. La posesión de una imagen del Dalái Lama puede dar lugar a la tortura y el encarcelamiento. Incluso los niños se enfrentan a abusos y a violaciones de sus derechos humanos en el Tíbet”, así se expone en la web de Free Tíbet, una organización sin ánimo de lucro que lleva luchando por los derechos humanos de la población tibetana desde 1987. Hong Lei, Ministro de Asuntos Exteriores chino: “el asunto del Tíbet es un tema de Justicia interno. Ningún país extranjero tiene el derecho de intervenir”. Desde el Gobierno chino se exige a Tanzin Gyatso, actual Dalái Lama, que paralice todas las actividades secesionistas.