Andalucía
La Guardia Civil registra la Diputación de Huelva
Por Cristina Guzmán
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España20-02-2015
Los documentos incautados este viernes por las fuerzas de seguridad responden a posibles irregularidades en la contratación de personal con cargo a subvenciones públicas relacionadas con el sector agrario. Por el momento, los Agentes están revisando los expedientes del municipio de Andévalo y de algunos colindantes de la Sierra. Todavía no hay ninguna persona detenida y se desconoce si existe alguna imputación directa.
La Policía Judicial ha procedido desde primera hora de la mañana al registro de la Diputación Provincial de Huelva, gobernada por el PSOE. En un principio se creía que el operativo partía de una denuncia interpuesta por UPyD ante la Fiscalía la semana pasada en torno a la gestión de dichos fondos, pero EFE confirma que se trata de dos particulares que denunciaron el pasado año la contratación irregular de un trabajador y de materiales de obra en el municipio de Tharsis, en la Comarca del Andévalo. Además también se han requisado documentos del Servicio Público de Empleo Estatal en relación al presunto uso irregular de los subsidios agrarios del comúnmente llamado Plan de Empleo Rural. La operación esta coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino, municipio onubense.
Por el momento se desconocen los detalles del caso, únicamente ha trascendido que estas medidas se han puesto en marcha “por mandato judicial” y que el objetivo es averiguar si se han producido contrataciones “con cargo a ayudas y subvenciones públicas y si estas se han podido destinar a fines distintos”. Los fondos sobre los que se habría producido el presunto desvío son los del Plan de Fomento de Empleo Agrario, destinado al desarrollo e impulso de este sector en Andalucía. No se prevén detenciones ni la imputación de ningún cargo o particular por ahora. La Guardia Civil señala que los Agentes por ahora quieren "solicitar y recabar información".
Los registros llevados a cabo esta mañana por la Guardia Civil han sido una sorpresa para los propios trabajadores del organismo público que no han podido acceder a sus puestos de trabajo. La documentación incautada servirá para determinar “el alcance del presunto fraude”. En el caso de que existiera dicha irregularidad los acusados se enfrentarían a delitos tales como prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias o falsedad documental.