Medio ambiente
Ya son 18 las personas imputadas por el Caso Castor
Por Desiree Panadero3 min
Sociedad26-01-2015
Imputan a 18 personas por la presunta vinculación entre el Proyecto Castor y los seísmos en la zona. La denuncia de Fiscalía se dirige, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de este proyecto, así como contra la empresa Escal UGS.
En concreto, el juez acuerda tomar declaración como imputados a las personas responsables del Instituto Geológico y Minero que emitieron un informe en el 2007 en el que consideraron apto el almacenamiento de gas: el coordinador del Instituto, Jesús Gómez de las Heras; el director de Recursos MInerales Geoambiente, José A. Fernández; el director de Geología y Geofísica, L. Roberto Rodríguez; el director general José Pedro Calvo; y el director general de Política Energética y de Minas del Ministerio de Industria, Jorge Sanz.
También se imputa, por la resolución de 2010 en la que se encarga a Escal UGS el proyecto, al que en ese momento era el consejero técnico de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, José Manuel Escanilla; al subdirector adjunto de la Subdirección General de Evaluación Medioambiental, Miguel Aymerich; a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, María Jesús Rodríguez; y a Antonio Hernández, que sucedió a Sanz en su cargo.
Además de a los siguientes miembros de la cúpula de la empresa Escal UGS: Recaredo del Potro Gómez, Mohamad Jaffar Khan, José Luis Martínez Dalmau, Harold Philip Gordon, José Alfonso Nebera García, Juan Cristóbal González Wiedmaier, Ramón Jiménez Serrano y Oscar Manuel Yunta Toledo. La primera de las acusaciones se dirige a quien fuera el director general de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Olivas (2004-2009) , que encargó el informe al Instituto Geológico y Minero (IGME) que validó el proyecto en 2007. En dicho informe, recoge el auto, se constata que no existía ninguna referencia a la existencia de fallas activas en la zona del almacén. El informe concluyó que la plataforma era óptima para el almacenamiento de gas natural en las condiciones descritas por la empresa Escal-UGS.
La Fiscalía de Castellón acordó en octubre de 2013 judicializar la causa, para esclarecer los detonantes de los movimientos sísmicos que se estaban produciendo en la zona norte de la costa de la provincia de Castellón en el entorno del almacén subterráneo de gas natural Castor. Tras las investigaciones realizadas, Fiscalía de Castellón decidió denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto Castor por presunta prevaricación medioambiental.
El Gobierno encargó a Enagás Transporte, la gestora técnica del sistema gasolífero, que administrara la instalación, se encargara del mantenimiento y pagara la indemnización. Esta compañía comunicó el pago de los 1.350,7 millones de euros en los resultados que ha enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en los que añade que se han reconocido costes de operación y mantenimiento, entre otros, no especificados y que incrementan la indemnización de dinero público que se les concedió. El Instituto Geográfico Nacional comenzó a detectar movimientos de tierra el 5 de septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento paulatino de la actividad sísmica. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una relación directa entre la actividad de la planta Castor y estos leves, pero, continuados terremotos. El diputado de EU (Esquerra Unida) en el Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto se congratula de estas imputaciones: “se viene a dar la razón a todos los colectivos y entidades sociales que se han posicionado durante años en contra de esta plataforma y que sobre todo han contestado de forma contundente todas las tramitaciones que se han realizado”. "La celeridad y precipitación con la que el Gobierno ha indemnizado a la empresa Escal-UGS cuando parece que, con esta apertura de causa, queda más que manifiesto que esa indemnización ha sido muy apresurada”, denuncia el mismo diputado.
Según el juez responsable de este caso, realmente la Administración ambiental no planteaba si a Escal le parecía necesario o no incluir un estudio, sino que le indicó que lo estudiara, a lo que se debe añadir que sorprende extraordinariamente que el órgano ambiental aceptara esta observación sin instar su cumplimiento. El presidente de ACS, propietaria de un 66,6% de Escal UGS es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.