Consejo de Ministros

Consuelo Madrigal, propuesta como fiscal general del Estado

Por David Sánchez Torrico2 min

España19-12-2014

En el Consejo de Ministros celebrado este viernes, el Gobierno ha propuesto a Consuelo Madrigal como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Eduardo Torres-Dulce, de cara a un año que se presenta complicado por la coincidencia de varias citas electorales, o la conclusión de procedimientos de corrupción que afectan al PP. Madrigal será la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de la institución. Actualmente es fiscal de Sala Coordinadora de Menores, y su nombramiento deberá contar con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial.

Consuelo Madrigal cumple los requerimientos necesarios, al ser una jurista española de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión (ejerce de fiscal desde hace unos 34 años). Nacida el 2 de noviembre de 1956, antes de su actual cargo como Fiscal de Sala de Menores estuvo destinada en el Tribunal Supremo. A pesar de que el Gobierno ha barajado varios nombres para reemplazar a Eduardo Torres-Dulce, finalmente se ha decantado por el perfil de Madrigal. Sobre este tema, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, ha manifestado que "el relevo en la Fiscalía General del Estado asegura la autonomía del Ministerio Fiscal". Tras su designación por el Gobierno en el Consejo de Ministros, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá, previsiblemente, el próximo lunes para estudiar la situación. El Estatuto del Ministerio Fiscal decreta que el fiscal general del Estado debe ser nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, con el dictamen previo del Consejo General del Poder Judicial. En la reunión, el CGPJ emitirá su informe en función de si el candidato propuesto por el Ejecutivo cumple los requisitos imprescindibles. La dimisión del anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se produjo por razones personales tras sus desencuentros con el Ministerio de Justicia, en defensa de la independencia de la actuación de la Fiscalía. Desde el Gobierno se ha negado la existencia de presiones para que Torres-Dulce abandonase el cargo. Asimismo, el Gobierno ha dado vía libre a la norma que regula el programa extraordinario de activación para el empleo, con el objetivo de promover la reinserción laboral de los parados de larga duración, que llevan más de un año en el desempleo. Este programa incorpora una ayuda económica de 426 euros mensuales durante un máximo de seis meses, de la que podrán disponer los parados de larga duración que hayan agotado todas las prestaciones y cumplan determinados requisitos, como tener cargas familiares. Con el fin de que se reincorporen cuanto antes al mercado de trabajo, los favorecidos por este programa deberán llevar a cabo un itinerario diseñado por los servicios públicos de empleo. Esta ayuda económica supondrá un coste de entre 1.000 y 1.200 millones de euros. Además, incrementará la tasa de cobertura de protección por desempleo entre siete y ocho puntos, y beneficiará a entre 400.000 y 450.000 desempleados. Se prevé que la entrada en vigor de este programa se produzca a finales del próximo mes de enero. Respecto a la reforma de la Política Agraria Común (PAC), se refiere, entre otros aspectos, a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, los fondos de desarrollo rural y la organización de mercados. Esta reforma, que incluye también el llamado "pago verde", que consiste en supeditar una parte de la subvención a que el productor preste ciertos servicios beneficiosos para el medio ambiente, responde al acuerdo logrado entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas a principios de año.