Tribunales

El juez Ruz impone una fianza a Hernández Moltó y a Ortega

Por Marina Cortazar2 min

Economía16-12-2014

Si Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega no pagan en un plazo máximo de diez días 138,2 millones de euros, sus bienes serán embargados. Ésta ha sido la fianza solidaria impuesta por el juez Ruz por perjuicio económico a Caja Castilla-La Mancha. Además, magistrado ha dictado apertura del juicio oral contra los dos máximos dirigentes de la entidad para que sean juzgados por falseamiento de cuentas y administración desleal.

Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional, ha abierto juicio oral contra Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, ex presidente de Caja Castilla-La Mancha y ex director general de la misma, respectivamente. Así pues, el magistrado les ha impuesto una fianza solidaria de 138,2 millones de euros, a pagar en una plazo máximo de diez días, por el agujero ocasionado a Caja Castilla-La Mancha. Ruz les ha atribuido los delitos de administración desleal y falseamiento de las cuentas de la entidad. El Banco de Castilla-La Mancha reclamaba dicha fianza por el perjuicio económico que al parecer causaron los ex dirigentes del banco en el conjunto de operaciones investigadas, después de que ésta fuera intervenida. Por otro lado, la Fiscalía no ha reclamado responsabilidad civil alguna para los acusados en su petición de penas. El ministerio público, en su escrito de acusación, reclamaba dos años y medio de cárcel para Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega por un delito societario de falseamiento de cuentas al creer que llevaron a cabo una maniobra contable con la que reflejaron 30 millones de euros en los beneficios, en vez de unas pérdidas que ascendían a 182 millones. No obstante, el fiscal no pidió fianza por la responsabilidad civil ni imputó a los acusados un delito de administración desleal que sí hizo el juez Ruz. El magistrado creyó que la existencia de una serie de operaciones de crédito con una notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación estaba acreditada. Tras la aprobación por el Consejo de Ministros de una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros, Caja Castilla-La Mancha fue el primer banco español en ser intervenido en lo que lleva la crisis. Los responsables de la entidad manipularon los datos para presentar beneficios en vez de pérdidas y poder ocultar así la situación de falta de liquidez del banco, de acuerdo con lo escrito por la Fiscalía. La falta de liquidez de la Caja Castilla-La Mancha deriva de su exposición al sector de la construcción, dificultad que fue advertida por los técnicos del Banco de España, quienes exigieron a los directivos de la entidad que contabilizaran de forma correcta créditos dudosos por 1.549 millones. Asimismo, Juan Pedro Hernández Moltó ha declarado que espera tener la “oportunidad de que todo esto sea un mal sueño”. Además, el ex presidente de Caja Castilla-La Mancha ha añadido que se encuentra muy sorprendido por la fianza impuesta por el juez Ruz, ya que considera que la fianza decretada no es razonable. Finalmente, Hernández Moltó ha afirmado que actuó con absoluta honestidad y transparencia en la entidad.