Formación

Se detectan irregularidades en los cursos de formación bonificada

Por Marina Cortazar2 min

Economía11-11-2014

El informe de fiscalización emitido por el Tribunal de Cuentas ha puesto especial atención en el proceso de concesión de las subvenciones públicas para la actividad de la Fundación Tripartita, centrada en la formación de personas ocupadas. El informe explica que no se ha garantizado los principios de transparencia y objetividad, así como haber incurrido en una excesiva e injustificada subcontratación.

El Tribunal de Cuentas ha informado de que ha detectado un desvío injustificado de fondos para la formación de los parados hacia empresas ajenas a los agente sociales, responsables de gestionar el dinero público. El informe que examina en profundidad la gestión del dinero público empleado en 2010 ha aclarado que se ha encontrado una práctica común entre sindicatos y patronal: en lugar de gestionar íntegramente las cantidades que reciben del Estado para formar a los desempleados, destinan parte de los recursos hacia empresas especializadas vía subcontratación. “El proceso de concesión de las subvenciones públicas no ha garantizado los principios de transparencia y objetividad promulgados en la Ley”, ha declarado el Tribunal. Tal y como dicta la normativa vigente, son “las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal las que deben intervenir en el diseño, planificación, solicitud, concesión y ejecución de los planes de formación”. El Tribunal de Cuentas ha destacado que entre las principales deficiencias encontradas “la excesiva y, en ocasiones, injustificada subcontratación, es lo que provoca que determinadas empresas que prestan sus servicios a las entidades beneficiarias se hayan convertido de facto en beneficiarias de significativas cuantías de la subvención concedida, en principio, por el Servicio Público de Empleo Estatal a las organizaciones empresariales y sindicales”. El porcentaje de subcontratación establecido en la Ley General de Subvenciones se ha visto superado, ya que estando fijado en un 50%, se ha comprobado que el 75,6% de los convenios formalizados en los planes de formación de la convocatoria de 2010 o, lo que es lo mismo 227 de 300, ha superado ese límite, tal y como ha afirmado el Tribunal. Además, el 25,3% de los convenios llegó a subcontratar la totalidad de lo concedido. Por otro lado, el informe ha remarcado el incumplimiento a la hora de evaluar y medir la calidad de los programas de formación, algo que es completamente obligatorio, sin embargo, sólo “se limitó a medir mediante encuestas la satisfacción de los alumnos beneficiarios, sin efectuar un verdadero análisis del impacto de dichas acciones formativas en la mejora de la productividad de las empresas, así como en la empleabilidad de los trabajadores”. El Tribunal también ha apuntado que las entidades beneficiarias de las subvenciones no disponían de medios internos o sistemas de control horario para determinar el número de horas dedicadas a la ejecución de los planes de formación. Según el Tribunal, esta situación “impide verificar la exactitud del coste en personal de los planes de formación así como de acciones de apoyo y acompañamiento a la misma, fijado en 2010 en un total de 50,2 y 4,02 millones de euros, respectivamente”.