Andalucía

Se eleva a 229 los imputados por el caso ERE

Por Marina Cortazar3 min

España03-11-2014

La juez Mercedes Alaya, que lleva la investigación de los expedientes de regulación de empleo irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha imputado a seis personas más en la causa, a quienes ha citado a declarar los días 1 y 2 de diciembre. La cifra de encausados asciende ya a 229 personas. Además, el ex directivo de Dhul ha admitido que contrató al ex chófer de Guerrero para crear una empresa.

Los últimos imputados por la juez Alaya han sido el presidente de FCC Medio Ambiente, Agustín García Gila y el director general de Recursos Humanos de Cespa, Salvador Tudela Edo. En un auto fechado el día 30 de octubre, la juez Mercedes Alaya ha atendido la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción para imputarlos en la causa y les ha citado a declarar el 1 de diciembre. De la misma forma ha imputado al director general de la Caja rural de Granada en el año 2007, Dimas Rodríguez, a la directora de Inversiones de Caja Rural de Granada, Rafaela Ruiz, y al director de la oficina principal de la Caja Rural de Granada, José Miguel Martos Alcalde, todos ellos en relación a Dhul. Asimismo, también ha sido imputada Rosario González Agulló por el expediente de Hitemasa. Para la magistrada, Agustín García Gila y Salvador Tudela Edo "serían participes en las negociaciones que, como consecuencia del conflicto colectivo en el ámbito de la limpieza en Granada", terminaron con el convenio colectivo el 6 de abril de 2006. Además, siguiendo con las declaraciones de la juez Alaya, el que por aquel entonces era director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, "sin la tramitación de expediente alguno y con falta de competencia para ello, remitiría escrito a Personal Life mostrando su conformidad para la suscripción de una póliza cuyos beneficiarios eran Cespa y FCC Medio Ambiente con una renta total a percibir por estas empresas de 452.000 euros cada una de ellas". Por si fuera poco, el 29 de diciembre de 2006, Personal Life emitió unas pólizas de capital diferido y rentas de supervivencia en las que la tomadora era la Dirección General de Trabajo. Además, figuraban tres certificados individuales en los que se designaba como beneficiarias a Cespa y FCC, tal y como ha relatado la magistrada. También se ha sabido que las referidas empresas recibirían de Fortia tras la absorción de Personal Life la cantidad de 276.222,24 euros cada una de ellas, siendo conocedores de que todo se había llevado a cabo sin procedimiento alguno y sin que se solicitara ninguna ayuda o subvención. Asimismo, la juez Alaya ha subrayado que "ninguna de las empresas carecía de capacidad económica suficiente para asumir dichas subidas lineales, pese a lo cual ambas empresas resultaron ser beneficiarias de las citadas pólizas", punto en el que el juez añade que la Junta "asumió obligaciones que en cualquier caso serían de las empresas, conociendo éstos que tal actuación constituía una mera liberalidad, financiada con fondos públicos". En lo relativo a Dhul, la juez ha imputado a los ya mencionados declarando que "del conocimiento de la utilización de esta instrumentación del pago de crédito obra numerosa documentación en la pieza remitida por la Junta de Andalucía". Además, ha pedido a la Caja Rural de Granada que remita en un plazo máximo de cinco días los expedientes de seis préstamos que se concedieron a Dhul. Por otro lado, en relación a la empresa Hitemasa, ha imputado a Rosario Giménez Agulló, quien recibió un correo electrónico del también imputado Jesús Bordallo el 6 de octubre de 2008. En el correo le pone de manifiesto que “en el certificado del asegurado Miguel Recio Duarte hay unas rentas vendidas y que no se han abonado, por lo que según las indicaciones del consejo de administración de Hitemasa habría que proceder a abonar estas rentas a los cinco miembros que componían el consejo de administración, designándolos nominalmente y liquidar dichas rentas en dos plazos a partes iguales, por importe de 1.800 euros a cada miembro del Consejo, siendo la prima abonada con cargo a los fondos de la Junta de 18.000 euros".