SEGURIDAD

Protestas ante los cambios de la Ley de Seguridad Ciudadana

Por Marina Burón2 min

España16-10-2014

El Gobierno aprobó el pasado miércoles la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, después de siete meses de consultas a varios órganos jurisdiccionales. Las opiniones de éstos han servido para zanjar muchos de los aspectos iniciales de la norma, que en muchos casos eran inconstitucionales. El texto deberá iniciar su tramitación parlamentaria, en la que los partidos de la oposición seguirán dando a conocer sus críticas hacia lo que ellos consideran “ley mordaza”, frente a las manifestaciones ciudadanas.

El Congreso ha celebrado el debate sobre la Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana propuesta por el Gobierno, con todos los grupos de oposición en contra. 70 organizaciones de activistas y juristas se han manifestado frente a las puertas del Congreso de los Diputados, junto a los líderes de IU. Desde los colectivos expresan que esa ley supone un cambio del Estado de derecho a un nuevo estado de seguridad, en el que la desconfianza acaba con las garantías fundamentales. Algunos miembros de Greenpeace han intentado colgar una pancarta pero la Policía se lo ha impedido. Tras las discrepancias del Consejo General del Poder Judicial, El Consejo Fiscal y el Consejo del Estado, Jorge Fernández (ministro del Interior) alegó que el proyecto respeta la Constitución y cumple con las garantías. Sustituirá a la ley elaborada en 1992 por el ministro, de aquel entonces, José Luis Corcuera. El nuevo texto, que sigue ganándose muchas críticas, prohibirá las redadas indiscriminadas o de motivos solamente étnicos, regulará los cacheos y establecerá que las personas retenidas en comisaría para ser identificadas, no podrán serlo en un plazo superior a seis horas. Los aspectos más destacados son las faltas muy graves, las faltas graves, las infracciones leves, las retenciones, el fichero de infractores y los cacheos. Respecto a las faltas muy graves, se incluyen las reuniones o manifestaciones no comunicadas en infraestructuras críticas como aeropuertos; la fabricación, tenencia y comercio ilegal de armas y explosivos incumpliendo la normativa de aplicación y sin la documentación necesaria; la celebración de espectáculos públicos quebrantando o prohibición y suspensión; y el deslumbramiento a conductores de trenes, metro o aviones con un dispositivo láser. En cuanto a las faltas graves, se incluyen la perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones no comunicadas frente a cualquier institución del Estado; causar desórdenes graves en vía pública o provocar incendios que supongan peligro para los ciudadanos; desobedecer o resistirse a la autoridad en sus tareas, negarse a identificarse o contratar servicios sexuales cerca de zonas infantiles; y consumir o estar en posesión de drogas en lugares públicos. En referencia a las infracciones leves, entran las manifestaciones y reuniones que infrinjan la ley de reunión; amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de seguridad cuando velen por el mantenimiento del orden público; perder tres o más veces el DNI en menos de tres años y la negativa a entregar el documento cuando se acuerde su retirada o renovación; y daños leves a marquesinas, papeleras o contenedores, es decir, actos vandálicos que alteren el orden público. Las retenciones no podrán superar las seis horas y cada una de ellas se anotará en un registro para la supervisión de la fiscalía. En el fichero de infractores constatarán los datos del infractor y la falta cometida, pero no se dará publicidad sobre los infractores. Y en cuanto a los cacheos, el proyecto regula con más garantías los cacheos y registros personales, obligando a que sean practicados por agentes del mismo sexo y salvaguardando la intimidad del sospechoso.