REFERÉNDUM CATALÁN

Obstáculos e interrogantes dificultan el 9-N esperado

Por Jesús Espinosa2 min

España14-10-2014

Mas ha sido frenado. El presidente de la Generalitat ha anunciado que sí, el 9 de noviembre habrá urnas. Sin embargo, no será la cita con las urnas más deseada por los partidos pro consulta, puesto que se llevará a cabo como una consulta no vinculante y sin garantías legales. Por otro lado, la consulta que hubiera salido del decreto firmado por Artur Mas tampoco se hubiera podido celebrar con esas garantías, porque era ilegal. En cualquier caso, según ha dicho Mas en su comparecencia, se abrirán los colegios electorales, no ha revelado cuáles, y se votará, pero sin desvelar cómo.

En cuanto a los plazos fijados para la consulta, no se cumplirán. Hace ocho días, el consejero de presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, admitió que la votación estaba en el aire, pero que los plazos fijados para la misma se seguirían. Sin embargo, Mas, en su última comparecencia, contradice las palabras del consejero y da a entender que los plazos no se cumplirán. El problema es que, en esos plazos, estaba fijada la elección de colegios electorales y la realización de un censo, entre otras cuestiones vitales para un posible referéndum. Evidentemente, al no cumplirlos, todas eso queda en el aire, lo que hace más rocambolesca la intención de Mas de seguir adelante con la consulta. Una consulta que, por lo tanto, aun no está decidido dónde se realizará, es decir, en qué colegios podría votar el pueblo catalán. El Gobierno ha usado todas sus armas contra la consulta. El pasado 28 de septiembre, a petición del propio Gobierno, el Consejo de Estado redactó dos dictámenes para recurrir lo que Artur Mas había aprobado en Cataluña, dos cosas: una ley de consultas, que serviría como "base legal" para poder llevar a cabo el segundo paso, la firma del decreto de convocatoria de la consulta. Esas dos acciones son la que el Gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional con esos dictámenes elaborados por el Consejo de Estado. Antes, sin embargo, de entregarlos al Tribunal Constitucional, el Gobierno se reunió en Consejo de Ministros para debatir y decidir si finalmente se enviaban o no. Era un paso intermedio obligatorio con un resultado predecible. Esa reunión estuvo presidida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y se decidió presentarlos. El siguiente paso del Ejecutivo lo dio la abogacía del Estado, encargada de presentar dichos informes de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. La sorpresa fue que, de forma fugaz, fueron admitidos a trámite lo que dejó sin validez la ley de consultas y el decreto firmado por Mas mientras el mismo TC delibera.