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FMI

Lagarde, imputada en un caso de corrupción por "negligencia"

Por Sergio CastillaTiempo de lectura3 min
Internacional27-08-2014

La directora del FMI, Christine Lagarde, ha sido imputada este miércoles por "negligencia" en el caso Tapie, por un presunto delito de corrupción y de abuso de autoridad en Francia, cuando se encontraba al frente de la cartera económica. La dirigente del organismo internacional, por su parte, ha asegurado que tiene previsto continuar con sus funciones y que, por lo tanto, no dimitirá de su cargo en el FMI. La imputación pone en una delicada situación a la carrera política de Lagarde, que ya ha declarado cuatro veces ante la Corte de Justicia de la República, la última este martes.

Lagarde, que ha sido imputada por un presunto trato de favor en una millonaria indemnización al empresario Bernard Tapie cuando era ministra de Finanzas en Francia, ha asegurado a la agencia France Presse que no dimitirá de su cargo en el organismo internacional y ha señalado que vuelve a su puesto de trabajo en Washington "esta misma tarde". "Ella cree que esta decisión no tiene ningún fundamento y ha encargado a su abogado que presente todos los recursos", según ha señalado a Reuters una fuente próxima a la responsable del FMI. Lagarde, que declaró este martes durante 15 horas ante la Corte de Justicia de la República -instancia habilitada para juzgar a los ministros por delitos cometidos durante su estancia en el Gobierno-, ha sido interrogada por este organismo hasta en cuatro ocasiones. Hasta ahora, sin embargo, no había sido imputada y se mantenía con el estatus de "testigo asistido". En el ordenamiento jurídico francés, el delito de negligencia cometido por un cargo público puede suponer una pena máxima de un año de prisión y 15.000 euros de multa. Según también dicta esta legislación, los jueces ponen bajo investigación formal a alguien cuando aprecian indicios de una mala actuación, aunque eso no significa que finalmente se celebre un juicio. El caso Tapie es uno de los escándalos de presunta corrupción que persiguen al ex presidente francés Nicolas Sarkozy y a Lagarde, que formó parte de su gabinete. Bernard Tapie, uno de los hombres más ricos del país, vendió en 1993 Adidas al banco semipúblico Crédit Lyonnais. Al poco tiempo, el banco vendió Adidas obteniendo unas importantes plusvalías, lo que llevó a Tapie a denunciar el caso y obtener, en primera instancia, una reparación de 135 millones de euros por daños más intereses. El Supremo, sin embargo, anuló esta decisión. En 2008, Nicolas Sarkozy, amigo de Tapie y para el que éste había pedido el voto, resarció con creces al empresario por las pérdidas. Su Ministerio de Economía formó un "tribunal de arbitraje" y este decidió indemnizar a Tapie con 403 millones de euros por aquel litigio, lo que supuso todo un escándalo para la sociedad francesa. En el marco de la investigación judicial, la fiscalía acusó en 2011 a Lagarde de haber elegido una mediación privada en vez de recurrir a la vía judicial, que habría dotado de mayor neutralidad al proceso. La criticó también por "conocer la parcialidad de dos de los tres árbitros" que intervinieron en la mediación y de incluir la figura del "daño moral", lo que favoreció aún más los intereses de Tapie. En mayo de 2013, los mismos magistrados decidieron no imputarla, aunque la situaron como "testigo asistido", un grado entre testigo e imputado en el que el ordenamiento jurídico francés establece que se puede declarar con asistencia de abogados. En ese momento, los medios franceses señalaron que Lagarde había presentado documentos que, supuestamente, probaban que diversos gabinetes de abogados de negocios le habían aconsejado el arbitraje, aunque sus técnicos en el Ministerio eran contrarios. La actual directora del FMI siempre ha sostenido que no recibió presiones del Gobierno para decantarse por el arbitraje, sino que le pareció la mejor forma de resolver un caso de hace más de una década. Los jueces han imputado ya a cinco personas por supuesta estafa de banda organizada. Se trata del propio Bernard Tapie, el beneficiario de la ayuda pública, su abogado Maurice Lantourne, uno de los tres jueces que intervinieron en la comisión de arbitraje, Pierre Estoup, el exdirector de gabinete de Lagarde Stéphane Richard y Jean-François Rocchi, presidente en aquel entonces del consorcio que gestionaba los fondos del Crédit Lyonnais.