CATALUÑA

La ley de consultas, avalada por el Consejo de Garantías Estatutarias

Por Sergio Castilla4 min

España22-08-2014

La nueva ley de consultas catalana, la cual puede dar lugar a la consulta soberanista del próximo 9 de noviembre, ha superado este viernes su último trámite antes de poder ser aprobada por el Parlamento catalán en septiembre. El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha dictaminado la constitucionalidad de todo el texto de dicha ley y que ésta no vulnera la Constitución ni el Estatuto. Sin embargo, esta decisión ha dividido a la institución, ya que cuatro de sus nueve miembros han emitido voto particular. Se trata de los votos de Pere Jover, Eliseo Aja, Marc Carrillo y Carles Jaume Fernández.

La decisión del CGE de considerar constitucional la nueva ley de consultas catalana supone el aval definitivo antes de poder ser votada en el Pleno del Parlamento catalán, el cual tendrá lugar, presumiblemente, el 19 de septiembre. Se prevé que la ley reciba el apoyo de CiU, ERC, ICV-EUiA, la CUP y del PSC. El PP y Ciutadans ya han expresado su postura en contra. En el caso de los socialistas catalanes, sin embargo, siempre ha advertido que esta ley no se puede utilizar para la consulta sobre la que la Generalidad carece de competencias. La resolución del CGE constata que el Estatuto de Autonomía ya prevé una lista de "instrumentos de democracia participativa" (encuestas, audiencias públicas, fórums de participación) que se completan con una cláusula abierta: "Cualquier otro instrumento de consulta popular". El Consejo entiende que, bajo ese precepto, resulta legítima la celebración de un referéndum autonómico al entenderse que se trata de una consulta popular. El informe señala que, en el marco constitucional, no hay cuestiones prohibidas a la opinión de los ciudadanos y que en la cultura constitucional común de las democracias occidentales se amparan "todas aquellas ideas y expresiones políticas, incluyendo las que se oponen al orden mismo en el que encuentran resguardo". "Siempre", eso sí, "que se formulen y se transmitan democráticamente y de acuerdo con los procedimientos y los límites establecidos" en el Estado de Derecho. Las diez conclusiones que contiene el dictamen han sido aprobadas por una ajustada mayoría. De hecho, casi la mitad del informe está dedicado a los votos particulares emitidos por cuatro de los consejeros discrepantes. Éstos afirman, mediante diferentes argumentos, que algunos de los artículos que recoge la ley son contrarios a las previsiones de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía. El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha asegurado tras conocer el dictamen que la ley catalana de consultas es "plenamente constitucional" y da "sólidos argumentos" para convocar la consulta. En una rueda de prensa en la Generalidad, Homs ha indicado que el dictamen ofrece así "sólidos argumentos jurídicos" para que una vez aprobada la ley de consultas se pueda proceder a convocarla. La secretaria de Organización del PSC, Assumpta Escarp, ha afirmado que su partido apoyará el texto actual de la futura ley de consultas que prevé aprobar el Parlamento de Cataluña en septiembre, pero ha subrayado que el dictamen del CGE "no avala en ningún caso la pregunta ni la celebración de un referéndum ilegal". "La vía más acertada para poder votar, que es lo que siempre ha querido el PSC, es el diálogo, la negociación y el pacto", ha declarado. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha asegurado este viernes que esta decisión no supone "ningún éxito para los independentistas", para añadir que el presidente catalán, Artur Mas, debería "reflexionar cuanto antes". En este sentido, el dirigente del PP le ha recordado a Mas que "por el camino de la ilegalidad no se llega a ninguna parte", tras reiterar que "la ley de consultas es ilegal porque vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía". Por su parte, la portavoz de Ciutadans en el Parlamento, Carina Mejías, también ha señalado que la resolución del CGE "no avala" el referendo soberanista del 9 de noviembre, y ha tildado de "estafa política" la valoración que el Gobierno catalán ha hecho del dictamen. En declaraciones a los medios, Mejías ha dicho que se trata de una norma "trampa hecha a la medida de los intereses partidistas del Gobierno" de Cataluña. El CGE es un órgano consultivo al que la Generalidad envía algunos proyectos de ley para que examine si están amparados por la Constitución. En el caso de esta ley de consultas, el Gobierno catalán pretende con ella dar un marco jurídico a la consulta soberanista prevista para el 9 de noviembre. El dictamen llega después de que los partidos proconsulta -CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP- llevaran al texto al CGE en julio para que se pronunciara sobre cinco artículos, pese a estar convencidos de la constitucionalidad de la norma, y también lo solicitaron PP y PSC. Los cuatro partidos proconsulta argumentaron que así se desvanecerían las dudas de quienes cuestionan que la ley sea constitucional. El presidente del CGE, Joan Egea, y dos vocales, Àlex Bas y Francesc de Paula Caminal, fueron elegidos a propuesta de CiU, mientras que ERC propuso a Jaume Vernet y Joan Ridao, PSC a Pere Jover y Eliseo Aja, ICV-EUiA a Marc Carrillo y PP a Carles Jaume Fernández.