CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno del PP da luz verde a la ley de Seguridad Ciudadana

Por Fernando García2 min

España11-07-2014

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana para ser remitido a las Cortes. La polémica normativa, que ha sido nombrada como ‘ley mordaza’ por sus detractores, entre los que se encuentran colectivos de jueces, abogados, policías y grupos políticos, contempla medidas como el plazo máximo de retención para ser identificado de seis horas y prohíbe por primera vez en la legislación española explícitamente las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas.

El texto definitivo, que tendrá que ser debatido y aprobado por las Cortes, no difiere en los puntos más polémicos del anteproyecto que se presentó en noviembre, a pesar de que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado que se han incluido en el documento las apreciaciones del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y la Agencia de Protección de Datos sobre su contenido, aunque no las que los organismos internacionales de derechos humanos habían generado en su contra. Según el responsable de Interior, el texto no modifica la actual legislación sobre el derecho a manifestación y reunión. La sanción por no comunicarlas al Congreso se ha rebajado de grave a leve, aunque en caso de que perturben el orden público si se consideraría una infracción grave. Sobre la cuantía de la sanción, se aplicará siempre la mínima, salvo que incidan en ellas circunstancias condicionantes, como la reiteración, aunque siempre en los criterios de proporcionalidad económica. Las sanciones serán de entre 30.001 y 600.000 euros las faltas muy graves, entre 601 y 30.000 euros las graves y entre 100 y 600 euros las leves. El texto que se envía para la tramitación parlamentaria ha rebajado el número de supuestos que se consideran faltas muy graves. Así, las manifestaciones no comunicadas ante el Congreso y el Senado y frente a infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto, no son consideradas como muy graves, aunque el supuesto de “manifestaciones no comunicadas ante instalaciones que presten servicios básicos para la comunidad” lo deja abierto a la interpretación. La grabación a las fuerzas del orden también se ha rebajado a falta grave, pero el uso de punteros laser si es considerado como una infracción de máxima gravedad. El Gobierno recalca el grado progresista de la normativa, que incluye "por primera vez una norma con rango de ley prohíbe que se hagan identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos", como ha afirmado Fernández Díaz. Mientras tanto, desde la plataforma ciudadana No Somos Delito, a la que se han adherido más de 70 organizaciones sociales, han expresado su rechazo al Proyecto de Ley en una concentración en la plaza de Colón porque "atenta contra la seguridad de las personas en el ejercicio legítimo de sus libertades y derechos sociales", bajo el lema “Hoy nos amordazan”.