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REINO UNIDO

El Gobierno británico legislará para controlar datos de telefonía

Por Sergio CastillaTiempo de lectura3 min
Comunicación10-07-2014

Reino Unido antepone la seguridad a la privacidad de sus ciudadanos. Los dos líderes de la coalición del Gobierno británico, David Cameron y Nick Clegg, han comparecido este jueves para dar a conocer la importancia de la propuesta de ley urgente para la Retención de Datos y Poderes de Investigación, aprobada poco antes por el Gabinete. Con ello pretenden que las compañías telefónicas puedan volver a retener los datos de telefonía e internet de sus usuarios durante un año, algo a lo que el Tribunal Europeo de Justicia se opuso el pasado mes de abril. Para la clase política británica, este principio contraviene la seguridad de sus ciudadanos.

La normativa que aprobará el Gobierno de David Cameron supone un nuevo desacuerdo con Europa. Una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en el mes de abril consideraba la retención de llamadas telefónicas, textos y utilización de internet como una violación al derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales. El tribunal con sede en Luxemburgo consideró que retener los detalles de todas las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos europeos constituye "una injerencia de gran magnitud y especial gravedad en los derechos fundamentales" que no se limita "a lo estrictamente necesario". La razón por la que la propuesta sería aprobada de manera exprés, según han explicado Cameron, Clegg y la ministra de Interior, Theresa May, es anticiparse a la llegada del parón veraniego del Parlamento y, con ello, asegurarse de que las empresas no empiecen a destruir los metadatos que no retendrían si no estuvieran obligadas a ello o si no tienen razones comerciales para mantenerlos. La legislación de emergencia incluye una cláusula que expirará en 2016 por la que los diputados deberán entonces revisar la norma y decidir cómo puede ser actualizada y reformada. De esta manera, el Gobierno devolvería a las compañías de telecomunicaciones la autorización para registrar qué usuarios contactan con otros por llamadas, mensajes y correo electrónico, dónde y cuándo. No obstante, Cameron ha recalcado que no se podrá acceder al contenido de esas comunicaciones. Sólo se almacenarán los datos de emisor y receptor de la llamada, localización, duración, fecha y hora, equipo utilizado. El ejecutivo británico presentará también nuevas medidas para "clarificar", sobre todo ante las compañías extranjeras que operan en el mercado británico, las condiciones en las que han de acceder a la petición firmada por un ministro del Gobierno para poder interceptar las comunicaciones de sus clientes. Cameron también ha subrayado que con la nueva legislación no se confiere un mayor poder a las compañías, sino que se reestablecen dos medidas vitales ya existentes para garantizar la protección de la sociedad. Para el primer ministro británico esta es una medida vital por razones de seguridad, la cual no pueden descuidar en este momento. "El primer deber del Gobierno es proteger nuestra seguridad nacional y actuar rápidamente cuando se vea comprometida. Los acontecimientos en Irak y Siria demuestran que no es el momento para mermar de nuevo en nuestra capacidad de proteger a nuestro pueblo", ha declarado. Cameron ha expuesto la importancia del rastreo de metadatos a la hora de resolver varios casos conocidos por la sociedad. Resulta significativo que el acuerdo haya sido total entre los tres grandes partidos. La ley no había contado hasta ahora con el apoyo de Clegg y su partido, el Liberal Demócrata. Según el viceprimer ministro, "las consecuencias de no actuar serían serias, pero esa urgencia no va a ser utilizada como excusa para dar más poderes o para crear una 'cédula para fisgonear'", indicó. "Pero libertad y seguridad han de ir de la mano. No podemos disfrutar de nuestra libertad si no somos capaces de mantener nuestra seguridad", añadió. El Partido Laborista respalda la medida, según han anunciado el líder de la formación, Ed Miliband, y la responsable de Interior del mismo, Yvette Cooper, en una carta a los diputados.