VALENCIA

Imputados tres directivos del metro de Valencia por el accidente de 2006

Por Sergio Castilla3 min

Sociedad08-05-2014

La instrucción judicial del accidente de suburbano más grave de la historia de España tiene sus tres primeros imputados ocho años después. La juez Nieves Molina ha llamado a declarar como imputados a tres directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), los cuales eran responsables del sistema de balizas de limitación de la velocidad. La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha tomado la decisión a instancias de una de las familias personadas y con el apoyo de la fiscalía. La investigación, archivada en dos ocasiones -2007 y 2013-, fue reabierta en enero de 2014.

Los tres imputados por el caso son el exdirector de explotación de FGV, Vicente Contreras, el exdirector técnico, Francisco García, y el jefe de Estudios y proyectos, Francisco Orts. Deberán comparecer ante la juez los próximos 17, 24 y 26 de junio. La petición se produjo tras la declaración de un testigo que afirmó que si se hubiera reprogramado una de las balizas del trayecto, el convoy hubiese frenado y entrado a menor velocidad en la curva. La jueza subraya en el auto que la Audiencia de Valencia le pidió que analizara el papel en la causa de "las personas que en la fecha del accidente eran responsables de revisar periódicamente y decidir la ubicación y características técnicas de la balizas de limitación de velocidad" en el tramo en el que se produjo en el accidente, entre las estaciones de plaza de España y Jesús. La Fiscalía y la mayor parte de las acusaciones particulares –representantes de las víctimas-, consideran que un “error de programación y planificación de las balizas” de freno pudo ser “determinante en el descarrilamiento y vuelco de la unidad de tren”. Por el contrario, la juez, Nieves Molina, no cree que el sistema de frenado tuviera incidencia en el accidente, por lo que en la anterior investigación sólo imputó en la causa al fallecido conductor del tren siniestrado. La Audiencia de Valencia obligó al juzgado a reabrir el caso el pasado enero y practicar nuevas diligencias. La Asociación de Víctima del Metro 3 de Julio (AVM3J) insistió durante años en la necesidad de retomar las pesquisas, interrogar a técnicos y directivos de FGV sobre la seguridad en la línea del metro y el funcionamiento de las balizas. Los tres directivos serán los primeros imputados en una controvertida investigación que se archivó en dos ocasiones sin señalar responsables. La presidenta de la asociación de víctimas, Beatriz Garrote, ha agradecido el "cambio" en la línea de la instrucción del caso, tras una decisión que ve "positiva" aunque "llega tarde". Sin embargo, ha reconocido que le sorprende "el momento" de la decisión, ya que se estaba analizando la información de las balizas, los puntos donde estaban colocados los elementos de seguridad y criterios que se seguían. El hecho de que "de repente se decida imputar" a los trabajadores sin que ese informe se haya hecho público es algo que les "sorprende", ha añadido. La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ha expresado su "respeto total y absoluto" sobre lo que en su opinión es "una citación más". Ha asegurado que confía en la justicia, "porque nunca se ha ocultado nada, se ha dado toda la información, y desde luego siempre ha habido ganas de colaborar con la justicia". Bonig ha añadido que se debe respetar la presunción de inocencia y que lo que ha hecho la juez ha sido citar a los tres técnicos "para aclarar ciertas cuestiones" tras ver "unos indicios". El accidente de Valencia es el siniestro de suburbano más grave registrado nunca en España y uno de los peores en la historia de los ferrocarriles metropolitanos en todo el mundo. El siniestro se produjo poco antes de la una de la tarde, cuando el convoy de la vieja línea 1 descarriló al aproximarse a la estación de Jesús, en pleno centro de la ciudad, y volcó al perder el control en una curva. El accidente, que causó 43 muertes y 47 heridos, se saldó sin dimisiones de técnicos de FGV o cargos de la Generalitat. El parlamento valenciano liquidó el asunto con una comisión parlamentaria de cuatro días calificada de farsa por la oposición al PP. El entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, nunca recibió a los representantes de la asociación de la familia de las víctimas. La posición del PP valenciano en la actualidad sigue siendo parecida, quienes han rechazado recientemente una nueva comisión de investigación para el asunto.