UNIÓN EUROPEA

La entrada de la tasa Tobin europea se pospone hasta 2016

Por Sergio Castilla3 min

Economía06-05-2014

La implantación de la tasa Tobin no acaba de gustar a algunos países de la UE, por lo que aplazar el problema ha sido la única solución viable. España y otros 10 Estados miembros se han limitado a alcanzar un acuerdo de mínimos por el que el nuevo gravamen se implantará por fases para poder ir evaluando su impacto económico. Por ello, a pesar de lo acordado en la última reunión del Ecofin de Grecia, su puesta en marcha se retrasa hasta 2016. Sin embargo, el diseño definitivo de la tasa con "soluciones viables" deberá estar listo a finales de año.

El acuerdo incluye otros aspectos como que el primer objetivo sean las acciones, tanto las que se negocian al contado como en el mercado de derivados. Quedan fuera de la tasa mercados importantes como el de materias primas, las divisas o la deuda soberana. Bruselas apostaba por aplicar un tipo impositivo del 0,1 por ciento a las acciones y del 0,01 por ciento a los derivados, aunque esas cifras no están cerradas. Tampoco se ha aclarado aún si la tasa se aplicará en función del principio de emisión o de residencia. La tasa Tobin es un tipo de tasa sobre las transacciones financieras que fue propuesta por el economista estadounidense James Tobin en 1971. Consiste en una especie de impuesto o comisión añadida sobre todo movimiento, bien de compraventa de bonos o de contratos sobre derivados financieros. Sin embargo, la tasa propuesta originalmente por el Nobel consistía en una comisión sobre los movimientos especulativos de únicamente de divisas. La idea de Tobin fue rescatada en 1990 por el movimiento antiglobalización en vistas a fines sociales o el control de crisis financieras como la del Euro. La tasa en su origen sólo tenía por objetivo frenar la volatilidad de los mercados cambiarios internacionales. Algunos de los Estados miembros que no participan en la cooperación reforzada, en concreto Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Hungría, Holanda, Luxemburgo y Malta, han sido muy críticos con el acuerdo alcanzado. "No dudaremos en recurrir una tasa que tenga un impacto extraterritorial, perjudique a Reino Unido o a otros Estados miembros y perjudique al mercado interior", ha amenazado el ministro de Finanzas británico, George Osborne. Según ha sostenido Osborne, "no es una tasa a los banqueros, sino al empleo, la inversión y las pensiones y los pensionistas y por eso Reino Unido y la mayoría no quieren participar". Por su parte, Francia, Alemania y España mostraron su compresión ante estas quejas, pero recordaron que si se optó por acudir a una cooperación reforzada fue para avanzar y no seguir estancados en discusiones. Hay que destacar que Eslovenia ha sido el único país de los 11 reunidos en no firmar la declaración de hoy "por cuestiones políticas". El motivo es la reciente dimisión de la primera ministra eslovena, Alenka Bratusek, debido a la crisis abierta en la coalición de centro izquierda, por lo que el país tendrá que celebrar elecciones. Sin embargo, no parece que ello vaya a ser causa de que Eslovenia se quede fuera del proceso. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que el acuerdo es un "mínimo denominador común" entre las posiciones de los países que optaron por seguir adelante con el proyecto. Además, ha sostenido que la tasa será "prudente" y "cauta". El Gobierno estimaba que la tasa aportaría unos 640 millones de euros a las arcas públicas a partir de 2015. Sin embargo, el ministro ha explicado que esta partida incluye también otras tasas a modo de "cajón de sastre". Guindos no ha precisado cuántos ingresos espera España cuando la tasa esté a pleno rendimiento ya que todavía no se conoce con exactitud. Los países que participan en el acuerdo son España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia. Bruselas calcula que la tasa aplicada en 11 países permitiría recaudar, si se aplicara a todos los instrumentos, entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, de los cuales alrededor de 5.000 millones en España. La medida pretende reducir las operaciones especulativas y que la banca contribuya de forma equitativa a los ingresos públicos.