ANDALUCÍA

Interior investiga un fraude en los cursos de formación de Andalucía

Por Fernando García2 min

España16-04-2014

El Gobierno de Susana Díaz en Andalucía no levanta cabeza. Al escándalo del Caso de los ERE se suma una nueva posible estafa por parte de miembros de la Junta que, en caso de confirmarse, sería el mayor caso de fraude con dinero público de la historia de España. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga un desvío de capitales en los cursos de formación ofertados en Málaga. Durante el periodo que va de 2009 a 2011 la Fiscalía sostiene que el hurto podría ascender a más de 2.000 millones de euros, el doble de la cantidad defraudada con los falsos expedientes de regulación de empleo. Gran parte del dinero investigado proviene de los Fondos de Formación Europeos.

La UDEF y la Fiscalía Anticorrupción tratan de esclarecer la gestión de los fondos, tras una denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga. Tras una investigación rutinaria, la Tesorería detectó un posible entramado de más de 100 empresas que supuestamente habrían incluido a trabajadores en cursos que nunca se impartieron. Además, dichas empresas habrían incumplido el acuerdo mediante el cual se comprometían a contratar durante seis meses a las personas beneficiarias de la formación. Las compañías investigadas cobraban por adelantado el 75 por ciento del importe de los cursos. El otro 25 se entregaba posteriormente por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tras una inspección rutinaria. Las empresas no reclamaban la cantidad adeudada por la SAE y, presuntamente, ésta iba a parar a funcionarios de la Junta. Los responsables del Gobierno Regional en el periodo investigado ya tienen causas pendientes con la Justicia. Los implicados son los socialistas Antonio Fernández, actualmente en libertad provisional por el Caso de los ERE, y Manuel Recio, imputado recientemente por la jueza Mercedes Alaya. El mayor número de casos podría estar localizados en la provincia de Almería, aunque la UDEF va ha centrar sus pesquisas en Málaga, para no verse desbordados con el volumen de la investigación. La Policía estima que ni siquiera se cumplían los mínimos exigibles para obtener las ayudas, ya que algunas empresas no tenían en regla su situación fiscal, e incluso daban de alta a uno o dos trabajadores para posteriormente liquidar la compañía. El dato que más ha llamado la atención en la UDEF ha sido las escasas revisiones que el SAE realizó a los beneficiarios. Andalucía recibió 2.875 millones de euros del Fondo Social Europeo destinado a España en el periodo 2007-2013, un 35,6 por ciento del total. Estos fondos fueron complementados por otros 860 millones que aportó el Estado. La investigación se centrará en los 2.000 millones que se gestionaron entre 2009 y 2010, puesto que los delitos de años anteriores podrían haber prescrito.