INMIGRACIÓN

Sólo el 6,5% de los inmigrantes ilegales llega a España

Por Beatriz Álvarez Gallardo3 min

España07-03-2014

Europa se ha convertido en el nuevo “El Dorado” para muchos inmigrantes. Miles de personas huyen cada año de la pobreza o la inestabilidad política de sus respectivos países, y miran al viejo continente con la esperanza de luchar por un futuro mejor. Solos o acompañados, la mayor parte de ellos deja atrás una familia a la que debe sacar adelante. Y muchos de ellos también, desafortunadamente, acaban en manos de mafias que trafican con personas y sus vidas.

En España, Ceuta, Melilla y el archipiélago canario son, por su ubicación geográfica, los principales puntos de recepción de inmigrantes ilegales. Las dos primeras son las únicas fronteras exteriores (limítrofes con un país no comunitario) de España, y el segundo es el territorio europeo más próximo para muchos países de la África atlántica. No obstante, España no es el país de la Unión Europea más expuesto a este tipo de presiones migratorias. Otros, como Italia, Grecia y Malta, se llevan la peor parte. De hecho, la agencia comunitaria para el control fronterizo, Frontex, ha afirmado que en 2013 tan solo el 6,5% de la inmigración irregular que llegó a Europa lo hizo por España. Las poco más de 7.100 personas interceptadas el año anterior, en comparación con los 24.800 detenidos en Grecia, o los 45.000 de Italia evidencian que España no es, ni de lejos, la principal vía de entrada de inmigrantes a la UE. Son cuatro las grandes rutas que siguen la inmensa mayoría de aquellos que intentan entrar en Europa. La más transitada de todas es la del Mediterráneo central, que desemboca en las islas italianas de Sicilia y Lampedusa; seguida de la del Mediterráneo oriental, desde Turquía a Grecia y Bulgaria; y de la del oeste de los Balcanes. La ruta del Mediterráneo occidental, que transita desde los países del norte de África hasta España es, en realidad, la menos transitada de todas las grandes vías. Italia se perfila así como la gran puerta de acceso a Europa para los muchos inmigrantes que esperan conseguir trabajo o asilo. El drama de la inmigración ilegal se reveló con toda su crudeza precisamente en las costas de Lampedusa el pasado 3 de octubre de 2013, cuando una barcaza naufragó causando la muerte de 366 personas. La isla se encuentra a 205 kilómetros al sur de Sicilia, y tan sólo a 113 kilómetros de la costa de Túnez, lo que equivale a tres o cuatro días de navegación para una barca o patera. Desde 1990, 8.000 personas han fallecido en su intento de atravesar el Canal de Sicilia, según un informe de la fundación Fortress Europe. En la actualidad, y pese a la existencia de organismos europeos como Frontex, la protección y vigilancia de las fronteras de cada estado de la UE son competencia del propio estado como asuntos de soberanía nacional. La Unión Europea considera inmigrante irregular a todo aquél que “llega a Europa sin un visado o permiso adecuado, o bien que se queda tras el vencimiento de su visado”. El primer paso en estos casos suele ser la deportación del inmigrante a su país de origen, si bien se tiene en cuenta la situación política de dicho país, pues si la huida de los irregulares en cuestión se debe a motivos políticos o religiosos, su estatus varía de inmigrante a refugiado. Es el caso de los miles de sirios que llegaron a las costas italianas tras el inicio de las revueltas, cuya deportación podría ocasionar la muerte de muchos de ellos. En este caso, se ponen en marcha los mecanismos europeos de trámite y concesión de asilo. Pese a todo, los responsables de las políticas migratorias se muestran claros. La lucha contra la inmigración ilegal en territorio europeo tan sólo cumple las veces de dique de contención. Es necesario trasladar dichas políticas a los países de origen y tránsito de los inmigrantes ilegales. Por ello, la Unión Europea ha firmado acuerdos de cooperación con muchos de ellos, si bien la difícil situación económica y la frecuente inestabilidad política de dichos países dificultan su capacidad para tomar medidas efectivas de desarrollo y control de la inmigración. Todo ello unido a los menores incentivos que puede ofrecerles una UE debilitada por la crisis económica.