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Crisis económica

La UE y el BCE imponen a España nuevas reformas

Por José Manuel AriasTiempo de lectura3 min
Economía29-01-2014

En el informe se ha criticado los sucesivos retrasos a la hora de cumplir las reformas prometidas de los servicios profesionales. Según el criterio de las grandes entidades, esta tardanza manifiesta la poca determinación del Gobierno “en cumplir sus compromisos”. Por ello, han impuesto a España una nueva lista de reformas financieras que debe llevar a cabo para fortalecer la solidez de la banca y su capacidad de conceder crédito a la economía real.

Rajoy debe centrar su atención en limitar los desahucios a nivel nacional y regional para no poner en riesgo la estabilidad económica de los bancos. El presidente tiene que evitar que vuelvan a venderse a los particulares productos financieros como preferentes, así como garantizar la unidad del mercado de servicios financieros en el país frente a las diferentes leyes autonómicas. Pese al rescate bancario y las ayudas públicas destinadas a sanear la banca, la concesión de crédito a las pequeñas y medianas empresas “continúan siendo onerosas”, señala el escrito oficial. La debilidad económica sigue estando presente, y supone un riesgo importante para la banca. “La recuperación económica sigue siendo frágil mientras se abordan los desequilibrios está sujeta a riesgos internos como un cambio en el actual entorno financiero global benigno y la ralentización de los mercados emergentes, especialmente en Latinoamérica, zona a la que las empresas españolas están particularmente expuestas”, han destacado en el informe. También han pronosticado un deterioro del crédito en 2014: “La rentabilidad del sector bancario se verá afectada en los próximos años por los bajos niveles de intermediación y la creciente presión en la calidad de los activos. No obstante, se espera que el crédito al sector privado toque fondo en 2014”. Dadas las circunstancias, la troika ha reclamado al gobierno español una serie de nuevas reformas, de modo que puedan anticiparse a los futuros informes que se realicen en los próximos meses. “Pese a los buenos progresos logrados en la estabilización, los bancos y las autoridades españolas deben estar preparados para tomar medidas correctivas si es necesario, en caso de que los test del BCE revelen un déficit de capital en algunos bancos” señala el informe. No hay que olvidar tampoco el control sobre la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración (Sareb), de manera que se pueda minimizar el coste a los contribuyentes. Asimismo, los inspectores han recomendado que continúen los esfuerzos por “identificar y mejorar el proceso de venta a clientes minoristas de cualquier instrumento no cubierto por el fondo de garantía de depósitos”. También marcan como objetivo materializar la reforma de las entidades nacionalizadas para poder privatizarlas “sin demora”. Han insistido en que debe revisarse el marco legal de las cooperativas de crédito por considerar que juegan un papel fundamental en las áreas rurales. En lo que se refiere a las reformas, se pide la aprobación de la “retrasada” ley sobre servicios profesionales, las reformas sobre la Administración pública, la revisión del sistema tributario y mayor implicación en las políticas laborales. El Ejecutivo comunitario enviará dos misiones al año a Madrid hasta que se haya devuelto el 75 por ciento de lo prestado. Por su parte, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) busca el 100 por cien del reembolso. Fernando Restroy representará a España El subgobernador del Banco de España, Fernando Restroy, representará a España en el Consejo de Supervisión europeo. El Consejo se encargará de planificar y cumplir las funciones de supervisión del BCE, por lo que elaborará propuestas que deberán ser estudiadas por el Consejo de Gobierno. El organismo también contará con un vicepresidente, otros cuatro representantes del banco europeo y un representante de la autoridad nacional competente de cada país participante. El objetivo es conseguir un funcionamiento “eficaz y coherente del mecanismo único de supervisión, en cooperación con las autoridades nacionales competentes de los países de la UE participantes”, recoge la web del BCE.