SANIDAD MADRID

La "marea blanca" de profesionales y ciudadanos frena al Gobierno madrileño

Por Selene Pisabarro3 min

Sociedad28-01-2014

El objetivo de la “marea blanca” era poner fin a la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de privatizar seis hospitales. Tras numerosas manifestaciones y protestas, los miles de sanitarios, ayudados por los ciudadanos, han conseguido frenar un proyecto que perjudicaba tanto al personal sanitario como a los pacientes con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha dictado un auto mediante el cual paraliza la medida.

Las voces que se han alzado contra las medidas sanitarias del Ejecutivo de Ignacio González han durado más de un año, desde que el 18 de noviembre de 2012 se convocó la primera protesta, una huelga, que se repetiría cada mes el mismo día. La causa se debía a que se aprobaba un Plan de Medidas de Garantía de Sostenibilidad del sistema sanitario público en la comunidad madrileña que predecía un mal augurio, tanto para los trabajadores –que muchos de ellos perdían su puesto- y para los pacientes –que tenían que empezar a pagar por servicios fundamentales. En mayo de 2013, la marea Blanca colocó cientos de urnas en diversos puntos de la comunidad para que los ciudadanos votasen sobre la privatización del sistema. El resultado, devastador: el 99’4 por ciento (924.733 personas) estaba a favor de la sanidad pública y gratuita. Además, el PSOE en Madrid, IU, EQUO, la organización Democracia Real Ya y otras asambleas del movimiento 15-M les apoyaron. Los sindicatos CC.OO, UGT o Csi-T, la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios también decidieron sumarse a la protesta y convocar manifestaciones para reclamar al Gobierno madrileño un cambio en su hoja de ruta. Varias huelgas, entre ellas una de cinco semanas, otra marcha desde los principales hospitales públicos hasta la puerta del Sol o numerosas convocatorias en la puerta del ministerio de Sanidad para pedir a la ministra, Ana Mato, que intermediase entre las partes. Quince meses reclamando que “la sanidad pública no se vende, se defiende” ha merecido la pena para el colectivo, que este martes se ha visto recompensado con el apoyo del auto del TSJM mediante que ha motivado al Gobierno regional la suspensión de la externalización de los hospitales. La sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM han barajado los daños perjudiciales para los que estiman que se trataría de un proceso de dimensión extraordinaria, ya que abarcaría a más de un millón de madrileños y 5.128 personas del personal sanitario y externo que se beneficiaban de la sanidad pública. El pasado 11 de septiembre, esta sección estimó el recurso de la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM), aunque más tarde, el 9 de octubre rechazaba un recurso interpuesto por CC.OO. Entonces, el ex presidente de la sección –que ahora es vocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP-, Gerardo Martínez Tristán, pidió a los magistrados que emitieran sus votos contra los recursos en el Pleno –formado por más de 40 magistrados- ya que, de otra manera, esto podía dar lugar a resoluciones contradictorias. Sin embargo, el Pleno dejó sin efecto el 9 de enero la petición de Martínez Tristán y decidió devolver a las respectivas secciones –formadas por tribunales de entre tres y cinco magistrados- los recursos. Los seis hospitales que han suspendido la externalización se construyeron durante el mandato de Esperanza Aguirre. Son el Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y del Tajo (Aranjuez). El ya exconsejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, estimó que el negocio de la privatización llegaría a los 400 millones de euros. Al ser un servicio gratuito, las empresas no generarían un ingreso, por lo que deberían obtener beneficios a partir del dinero que la comunidad les concede por la gestión sanitaria. Esto derivaría en que tratasen de convencer al personal de que hay numerosas pruebas y diagnósticos que no son necesarias –para la empresa generaría un coste muy alto- o prescribirían tratamientos más baratos, por ejemplo.