Consejo de Ministros
El Gobierno presenta el Plan Nacional de Inclusión Social
Por Carlos Martínez de Leyva
3 min
España14-12-2013
La vicepresidenta del Gobierno Soraya Saenz de Santamaría, acudió esta semana al Consejo de ministros, donde se aprobaron el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016 para ayudar a las personas en riesgo de exclusión social y nuevas medidas contra la corrupción como la prohibición de condonar deudas a los partidos y la prohibición de donaciones de personas jurídicas a las formaciones políticas. Además los condenados por terrorismo no podrán ser cargos públicos si no se cancelan sus antecedentes.
En la primera ley se prohíben donaciones "que tengan su origen en personas jurídicas", según Sáenz de Santamaría que resaltó que incluirá la "prohibición de condonaciones de deuda por parte de entidades de crédito a los partidos", y la imposibilidad de refinanciarla a precios por debajo del mercado. Además, se regulará cómo devolver las donaciones recibidas indebidamente y de no realizarse, se ingresarán en el Tesoro Público. La ley recogerá medidas penales que introducirán el delito de financiación ilegal de partidos, se endurecerán las penas por prevaricación, se reforzará la persecución del cohecho, el tráfico de influencias o delitos patrimoniales, y se revisará el delito contable. Sobre la ley reguladora del ejercicio del cargo público, la vicepresidenta subrayó que la ley establece las "obligaciones" de los altos cargos . Los condenados, incluso los de delitos de terrorismo, "no podrán ser nombrados altos cargos mientras no se le cancelen los antecedentes penales" indicó. Esta ley les obligará a presentar una declaración de bienes y rentas, sus limitaciones en gastos de representación y un sistema de alerta temprana de conflictos de intereses. Tendrá más independencia la Oficina que supervisa estos conflictos y su director deberá comparecer en el Congreso de los Diputados. La ministra de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Ana Mato presentó el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016. Ana Mato indicó que el plan se centra en el empleo, la garantía de un sistema de prestaciones para las personas más vulnerables y el acceso a servicios básicos. El Gobierno destinará 17 millones contra la pobreza infantil, reforzando la atención en hogares con hijos en situación de privación material severa, mediante los servicios sociales. "Pretendemos dar respuesta a las necesidades sociales de los colectivos más vulnerables", indicó. Para los jóvenes se pondrá en marcha un Portal Único de Empleo y para los mayores de 45 años habrá programas de reciclaje. Sobre las prestaciones, la iniciativa PREPARA se mantendrá en períodos de seis meses hasta que el paro baje del 20 %. Habrá planes de atención a la diversidad en la educación ,la incorporación a la FP Dual; o la valoración del riesgo de exclusión en el primer ciclo de Infantil. Se mantendrán medicamentos gratuitos a parados y otros colectivos con bajos ingresos. Habrá un 'Espacio Sociosanitario común' para "mejorar la coordinación" de estos servicios. Además se apoyará a familias con dificultades hipotecarias y se "consolidará" el Fondo Social de Viviendas para ayudar a los desalojados. El Gobierno gestionará el Fondo Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos, hasta el año 2014. Sanidad impulsará la primera Estrategia Integral Nacional para Personas sin Hogar con programas para establecer equipos multidisciplinares ambulantes de atención sociosanitaria en la calle. En otro orden de cosas la vicepresidenta reiteró la postura del Gobierno sobre la consulta catalana: "Esa consulta es inconstitucional porque "corresponde a los españoles decir como se organiza el Estado". Y señaló que el Gobierno trabajará para fortalecer "los lazos económicos, sociales, políticos y afectivos" de los catalanes y los españoles para que se vean lo menos perjudicados "por un proceso que fractura la sociedad".