PERÚ

Los disturbios obligan a Toledo a frenar la privatización de Egasa y Egesur

Por Vicente García Gandía1 min

Internacional22-06-2002

Arequipa se convirtió la semana pasada en el escenario de una serie de disturbios y en el epicentro de una rebelión civil como respuesta a la decisión del Ejecutivo de Toledo de privatizar las empresas eléctricas Egasa y Egesur, que abastecen la zona meridional del país.

La compra por parte de la firma belga Tractebel propició que el Frente Cívico Amplio (FCA) encabezado por Juan Manuel Guillén, alcalde de Arequipa, decretase una huelga general que paralizó todos los servicios locales y desencadenó una oleada de violencia que se extendió hasta otras localidades cercanas como Tacna. Ante la magnitud que iban tomando los acontecimientos, el presidente de Perú, Alejandro Toledo, decidió emprender medidas urgentes para frenar un movimiento popular que algunos analistas consideraron que podía llegar a todo el país. "Hemos tardado décadas en levantar cabeza. No permitiremos que un sector minoritario y violento imponga los designios a la mayoría que desea vivir en paz y prosperar. Aparte de las víctimas, los desmanes han causado daños por 70 millones de dólares (74 millones de euros)", afirmó el presidente Toledo a principios de la semana pasada. Sin embargo, se vio obligado a designar una alta comisión para dialogar con los huelguistas que a mediados de la semana acordó la suspensión de las privatizaciones hasta que se pronuncie la Justicia al respecto. Mientras tanto, el Ejecutivo peruano se desestructuraba a medida que se levantaban más barricadas, se destruían más comercios y se quemaban más vehículos en las comarcas meridionales. En estas condiciones se produjo la primera baja desde que Toledo asumió el poder: el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, presentó su renuncia irrevocable debido a que "aquí han ocurrido hechos gravísimos" sobre los que se pronunciaría "a su debido tiempo". El abogado y viceministro de las misma Cartera, Gino Costa, fue entonces designado como su sustituto y el presidente del organismo privatizador peruano Pro Inversión, Ricardo Vega Llona, precisó: "Si el presidente me dice que hay que dar la batalla por la privatización dentro del Gobierno, yo no me puedo negar; además, él me ha ratificado su apoyo y su confianza".