INMIGRACIÓN EUROPA

La Unión Europea busca frenar la inmigración ilegal

Por Selene Pisabarro3 min

Sociedad17-10-2013

En la Unión Europea predomina un clima de incertidumbre y contradicción a la hora de crear una política consensuada para regular la inmigración ilegal. No existe una normativa europea que regule uniformemente todas las fronteras ya que cada una de las que se han elaborado responde a las exigencias políticas, sociales y geográficas de cada miembro.

Hasta ahora, la comunidad ha establecido una legislación específica para las entradas y salidas de corta duración –inferiores a tres meses- y la tarjeta azul, que regula la estancia de los estudiantes y los trabajadores cualificados. También existe la Directiva de Retorno, que impone unas condiciones para que los países colaboren con la repatriación de inmigrantes irregulares. El Parlamento Europeo ha decidido crear un sistema de vigilancia fronteriza, llamado European Border Surveillance (Eurosur), para evitar naufragios de barcos repletos de inmigrantes con finales desoladores. La decisión se produce tras las dos últimas catástrofes en Lampedusa y Malta, donde murieron 359 y 34 personas respectivamente. Lo que aún es un proyecto -nacido en 2008 pero hasta diciembre no se pondrá en vigor-, permitirá ayudar a ubicar a las barcas que estén en peligro de naufragio. En un principio, Eurosur tenía como fin cerrar las fronteras de la Unión Europea completamente a los inmigrantes, sin embargo, el Parlamento lo ve ahora como una posibilidad de evitar nuevos desastres. Tendrá un coste de 340 millones de euros durante los próximos nueve años y contará también con drones –aviones no tripulados- y satélites. Se encargará de evitar la entrada de embarcaciones clandestinas en el Mediterráneo junto con el apoyo de alrededor 50 organismos europeos y ministerios del Interior, de Defensa o de Protección Costera de cada país miembro. Además, no solo regulará la inmigración, sino que dificultarán la tarea del tráfico de personas o de drogas. Aún así, hay muchas dudas en el aire. Por ejemplo, la normativa explica que un barco está en peligro cuando no puede realizar maniobras o el sistema de navegación está inservible; si puede navegar, no se considera un problema y por tanto, no se actuaría. Además, el coste de la operación es muy alto. Hasta ahora, los servicios fronterizos de los 28 países eran los encargados de controlar los casi 15.000 kilómetros de las fronteras de la Unión Europea y, desde 2005, junto con las tropas europeas FRONTEX (Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores). La Comisión Europea ha subrayado que los 28 han recortado el presupuesto en los últimos años: en 2013, se han destinado 85 millones de los que 50 eran para misiones operativas. Este organismo también ha anunciado que cada Estado miembro es responsable de controlar sus fronteras y, por tanto, Bruselas solo puede dar apoyo cuando existe la petición formal del Gobierno. La cara más amable de la moneda es para las personas que solicitan asilo en algún país de la eurozona. El último acuerdo aprobado fue el Principio de Dublín II, mediante el que el Estado miembro que recibe la petición es el único responsable para gestionarla sin que se envíe a otros países. Actualmente, en Suecia, Alemania, Bélgica, Reino Unido y Francia acogen al 70 por ciento de las personas que acuden a esta medida. En el caso de Malta, Grecia e Italia, los presidentes piden que la Unión Europea actúe en conjunto y tome unas medidas que impidan que los refugiados no solo se instalen en sus territorios. En cambio, otros países como Alemania, Francia, Suecia o España no terminan de aceptar tal petición debido a que los flujos de migración están vinculados a políticas económicas y sociales.