CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno aprueba una ley para sancionar el bunkering

Por Alba P. Huertas2 min

Sociedad30-08-2013

El Gobierno ha aprobado una modificación en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que ha enviado a las Cortes para que se apruebe con carácter de urgencia. Esta modificación permitirá las sanciones al bunkering, es decir, la venta de combustibles mediante gasolineras flotantes permanentes a otros barcos. De esta manera se resolvería la laguna legal existente que impide sancionar algunas prácticas del bunkering ya que actualmente sólo se hace en caso de que se produzca un daño ambiental y no por el riesgo. De esta manera se contemplará el riego ambiental.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el objetivo principal de esta modificación es la de proteger las zonas de especial conservación. Con esta reforma se sancionarán las prácticas muy graves que son aquellas en que los daños superen los 100.000 euros y los graves que serán el resto. El ministro ha señalado que “se cierra el círculo de poder aplicar procedimientos administrativos de sanción”. Y ha especificado que la propuesta afecta a todas las zonas de conservación en España y no sólo a las del Estrecho, para no discriminar ningún espacio. De esta manera y según el Gobierno se mejoran los procedimientos de evaluación ambiental evitando las dilataciones. Y prevén la creación de unos 80.000 empleos y un impacto sobre la economía española de unos 1.000 millones de euros. Además de regular el bunkering, esta medida también evaluará el impacto ambiental de los proyectos que requieran la utilización de técnicas como el fracking o la fracturación hidráulica. De esta manera se pretende no sólo controlar las prácticas perjudiciales para el medio sino que prevé mitigar los impactos sobre el medio ambiente. Y por primera vez este proyecto introduce la obligación de tener en consideración en la evaluación ambiental el cambio climático. También se simplificarán los procedimientos de evaluación estrategia y de impacto ambiental ya que se empleará un esquema similar para ambos procedimientos y así homogeneizar su terminología. Actualmente la tramitación de estos expedientes en España es de 3,4 años y hay unos 10.000 expedientes abiertos. El ministro ha aclarado que del total de expedientes abiertos, 780 corresponden al Gobierno actual y 1.110 a enero del año pasado. Para mejorar esto se determinarán los trámites de los procedimientos administrativos y se ajustarán los tiempos. Por su complejidad técnica, las Comunidades Autónomas tienen de plazo un año para adaptarse a la nueva normativa. A parte de la regulación y las sanciones se incluye la creación de bancos de conservación de la naturaleza. Es una medida voluntaria que servirá para compensar o reparar la pérdida de biodiversidad que se produce por proyectos con impactos ambientales o de la aparición de daños medioambientales derivados de las actividades económicas.