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GIBRALTAR

Londres estudia acciones contra España

Por Ana Pascual AsesTiempo de lectura3 min
España12-08-2013

Londres ha informado al Gobierno español sobre la posibilidad de tomar “acciones legales” contra España por la presencia de los controles fronterizos, según ha informado un portavoz de Downing Street, “estamos considerando qué acciones legales son posibles”, reconociendo que se trataría de “un paso sin precedentes” y que por ello hay que pensarlo “con cuidado”. Después de que el Gobierno español no haya levantado los controles este fin de semana que imponen a los vehículos que entran y salen del Peñón, Londres ha optado continuar por la vía legal, puesto que los controles realizados por las autoridades españolas han registrado retrasos de hasta dos horas.

El Gobierno británico está preparando acciones legales “sin precedentes” entre socios de la Unión Europea (UE) debido a las largas colas que los controles fronterizos están causando. El portavoz oficial del primer ministro Británico, David Cameron, ha anunciado que el Reino Unido ha considerado que los controles que están llevando a cabo los funcionarios españoles en la frontera están “políticamente motivados y son totalmente desproporcionados”. El portavoz ha explicado que “claramente, el primer ministro se siente decepcionado porque España no haya retirado los controles fronterizos adicionales este fin de semana”, aunque no ha precisado qué tipo de acción legal se está planteando el Gobierno británico, sí ha afirmado que de llevarse a cabo, se tramitaría a través de Europa, “si elegimos” la ruta legal, “con seguridad presionaremos a la UE para que se ocupe de este caso como asunto de urgencia”, ha añadido. El portavoz de Downing Street ha asegurado que están “examinando qué vías legales” tienen abiertas, y que quieren “examinarlo con atención antes de tomar la decisión de emprender esas acciones” porque se trata de un caso “sin precedentes”. En cuanto a la posición del Gobierno británico respecto a Gibraltar, el portavoz del ministerio británico de Exteriores aseguró que “no ha cambiado” y que es “consciente” con su “política en otros territorios de ultramar”. Por su parte, el Ministerio de Exteriores ha subrayado que España “no renunciará” a los controles porque son “legales, “las medidas, nuestros controles, son legales y proporcionados. Estamos obligados a hacerlos por Schengen. No renunciaremos a ellos”, ha asegurado el Ministerio de José Manuel-García Margallo. El portavoz del Ministerio de Exteriores ha indicado que están contemplando “la posibilidad de recurrir a instancias como la ONU, el Consejo de Seguridad de Asamblea de Naciones Unidas, o el Tribunal Internacional de justicia de La Haya”. Por otro lado, el alcalde de Londres, Boris Johnson, ha acusado al Gobierno español de utilizar el conflicto sobre Gibraltar como “táctica de distracción” ante el “escándalo de corrupción”, en referencia al caso Bárcenas, y ante la alta tasa de paro. Johnson ha reiterado que no se trata de una “discusión por los peces”, haciendo alusión a la tensión existente causada por el lanzamiento de bloques de hormigón en la bahía de Algeciras, donde faenan pescadores españoles. Concretamente, según ha manifestado el alcalde, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, “ha reactivado los controles” en la frontera y ha recurrido al “acoso general de la época de Franco” como “táctica de distracción”. En España el conflicto también ha causado reacciones en diversos grupos políticos, el PSOE ha demandado al Gobierno dos solicitudes de comparecencia en el Congreso de los Diputados para que el Ejecutivo explique el conflicto iniciado hace varias semanas. El partido socialista ha pedido la solicitud de comparecencia dirigida a la Presidencia del Parlamento con el objetivo de que convoque una Diputación Permanente en la que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores, en la que den explicaciones de manera conjunta Margallo, y el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Reino Unido y España llevan enfrentados en un conflicto diplomático por los retrasos en la frontera con el Peñón, después del vertido de 70 bloques de hormigón en las aguas que rodean la colonia británica por parte de las autoridades gibraltareñas.