UNIÓN EUROPEA

Bruselas pide recuperar las ayudas a los astilleros desde 2007

Por Irene Flores Ruiz3 min

Economía17-07-2013

Después de negociar durante varias semanas, parece que se ha llegado a un acuerdo en el conflicto que enfrenta a los astilleros, el gobierno español y la Comisión Europea. Este último organismo ha declarado ilegales las ayudas a los astilleros y exige que sean devueltas a las arcas públicas españolas desde el año 2007 hasta el año 2011. Dichas subvenciones deberán devolverlas los inversores que destinaron dinero a la construcción de los buques y no los armadores ni los propios astilleros.

Finalmente, la Comisión Europea y en función del denominado principio de seguridad jurídica, ha declarado que no va a pedir que se reembolsen las ayudas concedidas entre el año 2002 y abril del año 2007. Esta decisión final se ha tomado después de que el comisario de Industria. Antonio Tajani, principal aliado del gobierno español que exigió que se devolvieran sólo las ayudas posteriores al año 2009, levantara su reserva, según han explicado fuentes comunitarias, esta mañana, a la agencia de noticias Europa Press. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, aseguró que las devoluciones de las subvenciones se iniciarían en el año 2005 pero la presión de algunos gobiernos regionales así como del Ejecutivo central junto con las numerosas movilizaciones en las calles han suavizado la propuesta inicial de Almunia. A pesar de ello, la decisión supone un duro golpe para el sector ya que, como han manifestado los astilleros, dicha decisión pone en riesgo un total de 87.000 puestos de trabajos y condena al sector a su desaparición. En cuanto a los cambios que se han barajado en estas últimas semanas, Almunia ha explicado que se deben a los argumentos jurídicos que han sido aportados por los servicios de la Comisión como por parte de España. En concreto, el problema se ha producido ya que cuando se puso en funcionamiento el sistema de “tax lease”, el gobierno de España pidió la evaluación por parte de la Comisión Europea y que, una vez que recibieron quejas por parte de algunas asociaciones del sector naval, fue cuando se dispusieron a abrir una investigación al respecto. Por otro lado, se ha destacado que dicha decisión puede ser recurrida ante la justicia europea y el gobierno español deberá decidir cómo se va a reembolsar el dinero así como la cuantía a devolver, según ha insistido Almunia. Asimismo, en cuanto a la cuantía de las ayudas que se van a devolver, Almunia, en la rueda de prensa, se ha negado a ofrecer una cifra concreta al respecto ya que considera que Haciendo y el gobierno español deben realizar una lista con todos los inversores que se beneficiaron, en su día, de las desgravaciones fiscales en el sector naval para después analizar y conocer cuáles son compatibles o no con la normativa europea. El ministro de Industria, José Manuel Soria, estimó que las ayudas a recuperar superarían la cantidad de los 2.000 millones de euros mientras que, según fuentes del sector, la cantidad aumentaba hasta los 2.800 millones de euros cuando, aún, se abogaba porque las ayudas deberían recuperarse hasta el año 2005. Además, al pedir que sean devueltas a partir del año 2007, se estima que la cantidad que se va a devolver descenderá en un 20 por ciento, según han manifestado algunas fuentes jurídicas. En la rueda de prensa de esta mañana, también, el comisario de la Comisión ha manifestado que los beneficiarios de dichas modificaciones no podrán trasladar su obligación de devolución a terceras personas como podrían ser los astilleros ni tan siquiera en aplicación de los contratos privados que existen en este momento. Por último, Joaquín Almunia ha deseado que el sector naval pueda recuperarse cuanto antes y ha asegurado que existen garantías jurídicas para atraer inversores desde que se cambió el sistema de bonificaciones en el año 2012. Por su parte, el portavoz parlamentario del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha calificado la decisión de injusta, mala y un golpe contra el sector naval y ha exigido que sea revisada. Por otro lado, la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha exigido a su homólogo europeo, Nikiforos Diamandouros, que debe defender al sector naval perjudicado por la decisión que ha tomado la Comisión Europea ya que la actuación de la Comisión podría suponer una mala administración así como una infracción de los principios de irretroactividad y seguridad jurídica, entre otros.