Sanidad madrileña
El TSJM paraliza la externalización de la Sanidad madrileña
Por Chantal Salom
2 min
Sociedad10-07-2013
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido paralizar la privatización de la sanidad madrileña este miércoles como consecuencia de una petición urgente de los socialistas madrileños. En concreto, han sido seis hospitales públicos los afectados por esta externalización. Esto forma parte de una de las medidas incluidas en el plan de sostenibilidad que la Comunidad de Madrid prevé ejecutar este año.
La suspensión de esta paralización no es definitiva, sino cautelar y urgente por la inminente adjudicación de los contratos. El futuro de la gestión de la sanidad pública se decidirá en una resolución por separado. La Comunidad de Madrid ha sufrido masivas protestas durante estos últimos meses en cuanto al tema sanitario se refiere. Un gran número de personal de este campo y ciudadanos han denunciado las consecuencias de la privatización, criticando un mayor coste, peor atención al paciente y la desprotección de los trabajadores. La Comunidad de Madrid había anunciado la inminencia de las concesiones y la semana pasada había aprobado la propuesta de adjudicación. Como consecuencia de la paralización de dicho plan, el TSJM ha habilitado un el plazo de diez días a fin de que "la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se formulen alegaciones con relación a la medida cautelar acordada"; mientras que contra el auto no cabe recurso. La justificación de la urgencia reside en los avales que las empresas adjudicatarias tenían que presentar para poder optar a los contratos. La Consejería de Madrid hizo una corrección de última hora en la que cambiaba la cantidad hasta rebajarla en más de un 90%. Según la justicia madrileña, esa modificación no es una mera corrección de un fallo, sino un cambio sustancial de las condiciones que justifica el cambio en los plazos. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, registró poco después del fallo su petición para explicar en la Asamblea el proceso de adjudicación y el PP consideró normal que el juez exija, por su parte, información suplementaria en sede judicial, afiermando que están “convencidos de la transparencia del proceso” y que encuentran lógico que "en un Estado de Derecho un tribunal pida la documentación sobre la que existe un objeto de discusión”.