ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Gobierno prevé ahorrar 37.000 millones de euros entre 2012 y 2015

La vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Hacienda presentan el informe de la Reforma de la Administración (©foto: La Moncloa)

Por Adriana Robledo3 min

España22-06-2013

La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó el viernes en qué consiste la nueva reforma de las Administraciones Públicas. En una rueda de prensa, Sáenz de Santamaría, acompañada por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunciaron el nuevo paquete que contiene más de 200 medidas y que ha tardado en germinarse siete meses. Con ellas, pretende tener un ahorro acumulado de 37.620 millones de euros entre 2012 y 2015.

El nuevo paquete de reformas, que impulsa el Partido Popular, recoge “el conjunto de todas las medidas" que el gobierno ha desarrollado desde el principio de la legislatura y que supondrá que durante el mandato de Mariano Rajoy "el sector público habrá dejado de gastar 37.620 millones de euros", según explicó Sáenz de Santamaría. El Ejecutivo incluye los recortes que se realizarán en los ayuntamientos y autonomías y que, según el gobierno, no conllevarán despidos. Esas medidas, según el Gobierno, permitirán ahorrar sólo este año 728 millones al Estado, 3.238 millones a las comunidades autónomas y 976 millones a las entidades locales. Sin embargo, muchas de ellas dependen de la voluntad de las comunidades autónomas, las cuales han recibido "una guía" de recomendaciones para mejorar su situación financiera. El gobierno ha recordado que las cifras son aproximaciones y que “es preciso tener en cuenta que, para algunas de las medidas estructurales más relevantes, consideradas tanto en este informe como en aquellas que han sido ya puestas en marcha o están en vías de aprobación, no ha podido determinarse a priori su impacto económico, por lo que estos valores deben tomarse como extraordinariamente prudentes". La vicepresidenta ha comentado que los resultados de estos recortes mostrarán los resultados dentro de un lustro gracias a las medidas que el Gobierno ya ha puesto en marcha como la reforma de los Ayuntamientos (una ley que está previsto que se apruebe antes de finalizar el 2013); el estudio sobre duplicidades administrativas (cuyo eje está en las recomendaciones para las Comunidades Autónomas, que podrán no adoptar las medidas). Por otro lado, el gobierno ha decidido vender 150.000 inmuebles de su patrimonio en un momento en el que el sector está completamente estancado. Santamaría ha explicado que el Gobierno quiere crear una nueva "filosofía de la cooperación", en la que las tres Administraciones -local, autonómica y central- compartan información y servicios, lo que permitirá la planificación. El Ejecutivo no puede obligar a las comunidades a cumplir, pero sí recomendará y maniobrará gracias al poder que le da la situación financiera de muchas de ellas y la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que estas eliminen otros 90 observatorios, los defensores del Pueblo autonómicos, los tribunales de Cuentas, las agencias de protección de datos, los órganos de defensa de la competencia y los institutos de opinión. Algunas de esas instituciones están tan arraigadas que es poco probable que las autonomías con más peso político como Cataluña, Andalucía, País Vasco y Galicia, que aún no han sido informadas de este proyecto, acepten sin más eliminarlos. La oposición, en contra Las nuevas medidas han contado con la oposición del PSOE, que quiere que el PP retire estas medidas. El secretario de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, ha comentado en una rueda de prensa que espera que estas reformas no sean un “ejercicio de propaganda engañosa”. "Sería dramático que lo que hoy pasa por el Consejo de Ministros fuera un brindis al sol, un elemento más de esa publicidad engañosa con la que intentan tapar los errores dramáticos que están cometiendo a la hora de aplicar la política en nuestro país, fundamentalmente la económica", ha afirmado. De la misma manera, el consejero económico de la Generalitat ha declarado que “jamás” aplicará la reforma administrativa, “lo describiría como una ley de engorde de la administración central". Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha afirmado que la reforma es un "absoluto despropósito" con el que el Gobierno "quiere volver a recortar servicios y recortar democracia".